Aunque la madre admite que el instituto ha intervenido recientemente para apartar a los acosadores de su clase y buscar alumnos vigía que disparen las alarmas cuando haya acoso en el aula, denuncia que su hija sufrió durante tres meses la «connivencia de la dirección del centro educativo público con los acosadores». «Se negaron a expulsarlos y a poner vigilancia en los pasillos y en el patio», dice. La situación llegó a ser tan grave que la familia decidió poner en venta su casa para mudarse a otro municipio, lo bastante alejado para impedir que se repitan los hechos.
«Hemos necesitado tres meses y una denuncia en la Guardia Civil para que cambien a dos de los acosadores de clase», lamenta la familia. Asegura que la menor «sigue sufriendo a diario todo tipo de insultos y comentarios denigrantes y los acosadores la han aislado socialmente». Según su versión el caso comenzó como «ciberacoso» en verano y se agravó con el inicio de las clases ya dentro del instituto con «insultos continuos». Por ese motivo la madre comunicó los hechos a la directora del centro para que iniciara el protocolo de acoso escolar «sin que se tomara ninguna medida cautelar» para proteger a la alumna. «Siguió acudiendo a diario a clase con las personas que la acosaban y ella misma decidió cambiar su sitio a la última fila para no tener a nadie a su espalda», dice.
En la denuncia presentada en la Guardia Civil relata que la situación llegó a ser tan difícil que la familia se acabó plantando y se negó a que la chica volviera a las aulas hasta que se garantizara su seguridad. «Decidimos no llevarla a clase cuando empezó a manifestar conductas suicidas (el 10 de noviembre), después de que su mejor amiga dijera en voz alta en clase que mi hija se mete pollas de plástico en el coño», recuerda la madre. «Entonces le dieron dos opciones, hacer los exámenes desde casa, o en un aula separada del resto de la clase», dice.
El alumno que la familia señala como presunto instigador del ciberacoso y acoso escolar es menor de 14 años y por lo tanto inimputable, el resto de alumnos investigados son menores de entre 14 y 17 años. «La primera denuncia (cursada en noviembre) solo señalaba a los estudiantes, pero el 30 de noviembre se amplió incluyendo al equipo directivo (la directora y al jefe de estudios de ESO) además de a todo aquél que pueda tener algún tipo de responsabilidad», afirma.
La familia acompaña la denuncia de una serie de pruebas fotográficas y documentales que ahora están siendo investigadas por la Guardia Civil. La madre de la presunta víctima es abogada de profesión. «El caso está en manos de la Fiscalía de menores y del Juzgado de Manacor», dice.
La directiva niega las acusaciones
El equipo directivo del IES Santanyí manifiesta que «desde el primer día que tuvimos conocimiento del posible caso de acoso hacia la alumna se abrió el protocolo de acoso y se informó a Inspección Educativa». «La Comisión de convivencia y bienestar del centro ha intervenido dando apoyo tanto a la alumna como a la familia, también ha estado en contacto con el Institut per a la Convivència i Èxit Escolar para tratar el tema. Con su asesoramiento se han llevado a cabo una serie de talleres en el centro propuestos por Convivèxit, con el objetivo de seguir mejorando la convivencia. Periódicamente se ha informado al Policía Tutor, que también nos ha asesorado. En todo momento el centro ha seguido los pasos que marca el protocolo y ha actuado velando por el bienestar de todo el alumnado», añade.
