«Una mujer presa es toda una familia trastocada»

«La intención de la asociación es poder pagar dos o tres abogadas más, aun que nunca serán suficientes. Los que hemos podido hacer hasta ahora es pagando yo y mi mejor amiga a Yuriria y a su ayudante para que trabajaran en los casos. He lanzado un crowdfunding, pero creo que es una estructura muy informal. Por eso he creado la fundación para que quien quiera haga donativos privados», explica. Mariana ha puesto en marcha una recaudación desde Gofundme donde intenta alcanzar los 150.000 euros y dar los primeros pasos. Para aportar se puede acceder desde aquí.

Asimismo, también se quiere expandir la ayuda a otras cárceles mexicanas, en concreto, a las que se pueda de las 37 en las que se imparte la VideoAcademia Penitenciaria de la Fundación Plan B, un programa de reinserción social a distancia para cárceles femeninas mexicanas, con la que Sadhana Works colaborara dando clases de yoga: «La condición para que las ayudemos es que estén en la VideoAcademia».

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El perfil de las mujeres a las que asesoran y acompañan legalmente es de mujeres de un estrato social muy bajo, en situación de pobreza, con un alto grado de vulnerabilidad, muchas de ellas analfabetas y víctimas de violencia de género y con hijos a su cargo. El 50% son mayores de 50 y el otro 50% tiene entre 20 y 30 años. Según explica Yuriria, dan prioridad a los casos de inocencia injustamente condenados. «Hay delitos que no defendemos por ser complicados como el secuestro, narcotráfico, delincuencia organizada o lavado de dinero. Atendemos homicidios, robos y lesiones», dice. En el caso del homicidio, «en muchas ocasiones se les imponen agravantes que en realidad no existieron, porque fue en defensa propia. Tenemos varios casos de mujeres que han sufrido abusos por parte de sus parejas durante años: emocional, psicológico, físico y económico».

Joaquina Guadarrama Jiménez; Mariana Ortega; Ana Cecilia Osnaya; Griselda Ortiz; Griselda Patoni; Gabriela de la Cruz; son seis de las siete mujeres a las que por ahora ha podido ayudar Mariana junto con Yuriria. La última en ser excarcelada, Griselda Ortiz, salió este mismo lunes. Había sido condenada a cinco años y seis meses de cárcel, acusada de robar 300 pesos mexicanos, lo que equivale a 15 euros. En realidad, no había robado sino cobrado una deuda que le debían a ella.

El engranaje judicial del país vulnera casi sistemáticamente los derechos básicos de estas mujeres, a las que no se le brinda ningún tipo de recurso legal e incluso no se facilita que haya una buena comunicación con la propia rea: «Atendimos el caso de Bonifacia, una indígena que no tuvo acceso a un traductor y no tenía recursos para afrontar la fianza, aunque era muy baja», dice Mariana. «Le brindamos un traductor e interprete de su cultura durante el procedimiento penal. La Constitución recoge que debe haber uno en estos casos pero no fue así», añade la abogada.

El problema al que se enfrentan ellas y otras mujeres es que padecen una doble condena, la judicial y la social. Sus familias no les brindan apoyo ni económico ni social, «cosa que no sucede con los hombres», señala Yuriria. «Estamos combatiendo un sistema muy complicado que tienen muy pocos recursos para este tipo de casos y que refleja la realidad social del país, en el que la mujer sufre discriminación y termina siendo injustamente condenada ya sea por ser inocente o porque se presentan cargos desproporcionados», añade.