Durante horas, la Infanta Cristina afirmó no saber nada de lo que le preguntaba Castro. | Jaume Morey

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Hace una década un coche bajó la rampa de los juzgados de Via Alemania. El ocho de febrero, sábado, centenares de manifestantes en la puerta, blindaje policial y hasta cámaras de medios japoneses. La Infanta Cristina afrontaba su declaración como imputada por el ‘caso Nóos'. Era la primera ocasión y la última hasta ahora, en la que un miembro de la Casa Real se veía dentro de un caso de corrupción. Fue el clímax de la instrucción del ‘caso Nóos', la noticia que llenó todos los informativos y periódicos.

La declaración llegaba después de meses de alta tensión en la causa, centrada en los negocios de Iñaki Urdangarin con el Govern presidido por Jaume Matas. Castro instruía desde 2009 el ‘caso Palma Arena'. La pieza 25, Nóos era la estrella que había diluido todo lo demás. En 2012, la acusación particular, ejercida por Manos Limpias, solicitó por primera vez la imputación de la Infanta. Castro dijo que no. Un año después saltó la bomba: el juez dictó un auto en el que citaba a declarar a la hija de Juan Carlos. La Fiscalía recurrió contra esa decisión y, durante meses, Castro y el fiscal Pedro Horrach protagonizaron un choque con escritos y declaraciones explosivas. Lo nunca visto.

La Audiencia Provincial acotó la decisión inicial del instructor a un delito fiscal y a blanqueo de capitales. Durante meses, el juez pidió informes y llevó a cabo diligencias hasta que dictó un auto de más de 200 páginas para citar a Cristina de Borbón. En esa ocasión nadie recurrió.

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En ese clima, la declaración de la hermana del actual monarca fue tensa. Tres horas en las que el juez le hizo repasar cada factura, cada pago y cada escritura en torno a Nóos y sobre todo, la sociedad Aizoon, creada por su marido y ella. Hasta tickets de gasolinera que firmaban sus policías. La Infanta contestó lo mismo a todas las preguntas: «No se», «no me acuerdo», «en casa no hablábamos de trabajo». Centenares de contestaciones en el mismo sentido. Ni participaba ni sabía ni le interesaba lo que hacía Urdangarin. Evidentemente no convenció al juez que la incluyó en el paquete completo de Nóos y la mandó al banquillo de los acusados.

Diez años después casi ninguno de los protagonistas de aquella jornada siguen en el mismo sitio: la Infanta quedó relegada tras la abdicación de Juan Carlos y su exilio. Ya no forma parte de la familia real. Urdangarin cumplió los cinco años y ocho meses a los que fue condenado por Nóos, primero en una cárcel de mujeres de Ávila. La pareja se separó poco después y hace unas semanas concretaron su divorcio. El juez Castro se jubiló y va por el segundo libro publicado. Pedro Horrach abandonó la Fiscalía tras el juicio y con la sentencia de Nóos ya firme y ejerce como abogado.

Peor le fue a la otra pieza clave para la imputación: Manos Limpias y la abogada Virginia López Negrete. En medio del juicio de Nóos estalló el ‘caso Ausbanc', que salpicaba al sindicato y le incluía en una trama de extorsiones. Su presidente, Miguel Bernard fue condenado por la Audiencia Nacional a cuatro años de prisión. Entre los hechos probados de esa sentencia está una petición de dos millones de euros a la Caixa y al Sabadell para retirar la acusación a la Infanta. Negrete fue absuelta.

En el juicio, los indicios que Castro empleó para sostener la imputación se vinieron abajo hasta el punto que la Audiencia sancionó a Manos Limpias por acusación temeraria. Cristina de Borbón fue absuelta. Los testigos clave salieron todos rana para las tesis acusatorias: el notario de Aizoon dijo que jamás advirtió a la Infanta sobre la constitución de la sociedad y el castillo se vino abajo. La sentencia sí la consideró responsable civil por beneficiarse de los fondos que su marido hurtó a Hacienda, una reclamación que sí incluía el Ministerio Público en su acusación. El Supremo fijó esa responsabilidad en poco más de 130.000 euros así que, durante años, la Audiencia ha ordenado devoluciones de dinero a la Infanta.