Así lo explicó este viernes Olives, tras reunirse en el Consolat de Mar con la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens y la consellera d'Habitatge, Territori i Mobilitat, Marta Vidal, en un encuentro en el que asitieron también por parte de la Asociación su presidenta Francisca Alba, el vicepresidente Bernat Llull y la directora general, Sandra Verger.
La construcción no es ajena a la falta de personal que viven la mayoría de sectores productivos en Baleares. Verger resaltó ayer los esfuerzos realizados a través de la Fundación Laboral para incorporar a jóvenes en el grado medio de Construcción y en cursos de certificación de profesionalidad «para poder incorporar a gente lo antes posible». Verger advirtió, no obstante, de que «hay un punto en el sistema que no funciona correctamente», poniendo como ejemplo que en el sector hay 3.600 personas inscritas como demandantes de empleo «cuando las empresas están realmente desesperadas para encontrar a gente».
La Asociación de Constructores pide al Govern que autorice y regule por ley las entidades de colaboración urbanística (ECUS) para agilizar la tramitación de las licencias municipales para construir viviendas, que actualmente sufre un retraso de entre 18 meses y 2 años. Las Entidades de colaboración urbanística (ECUS) son entidades privadas debidamente acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación en España (ENAC) para colaborar en la realización de actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa en el ámbito urbanístico municipal.
Además, la Asociación insta al Ejecutivo autonómico a que, en todas sus licitaciones de obra superiores a un año de duración, incorporen ya la revisión de precios para evitar más obras desiertas. Al respecto, Verger recordó que el año pasado quedaron desiertas un total de 91 licitaciones por un importe total de 69 millones de euros, lo que «denota que tiene que haber un cambio en la contratación pública». También reclaman que los órganos de contratación de la CAIB establezcan por defecto el porcentaje del 17 por ciento en la partida de gastos generales de sus licitaciones.
Los constructores mostraron su «decepción» porque la mayoría de municipios «hayan acordado no aplicar el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda». Y piden al ejecutivo autonómico que inste al gobierno central a crear un Plan Renove de maquinaria del sector financiado con fondos europeos o incentivos fiscales. Asimismo, reclaman también que se incluya a la construcción en las ayudas para la modernización y digitalización como ya se hace con otros sectores.
Los constructores piden revisar la necesidad de los informes supramunicipales de Medio Ambiente o Recursos Hídricos que «causan grandes demoras» y aplauden que el Ayuntamiento de Palma haya sustituido el trámite de autorización de Recursos Hídricos para todas aquellas solicitudes de licencia de obra mayor por la comprobación municipal del cumplimiento del Plan General y el Plan Hidrológico.
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