En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado de que rechaza el plan de financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encabezado por la ministra Diana Morant, para la aplicación de la LOSU. Así lo manifestó el director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, en la Comisión de trabajo para la implantación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que se celebró este pasado jueves.
Massanet lamentó que el borrador del Ministerio se reducía a una propuesta de financiación para la incorporación de 4.200 nuevos profesores ayudantes doctores en el sistema universitario público español para compensar la pérdida de horas de docencia de la figura del profesor asociado que contempla la LOSU. El Ministerio proponía financiar sólo una de cada tres plazas durante seis años, dejando a las comunidades autónomas la financiación de las plazas restantes y el coste estructural a perpetuidad de la totalidad de las plazas.
El director general de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores propuso que el Ministerio asuma toda la responsabilidad financiera del coste de aplicación de la LOSU así como marca la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) que obliga al Estado a asumir los gastos derivados de una normativa estatal que afecte a competencias transferidas a las autonomías.
Por otra parte, Massanet reclamó que las acciones dirigidas a compensar la pérdida de horas de docencia por la aplicación de la LOSU también debían contemplar la limitación de la dedicación máxima docente del profesorado funcionario que marca la norma, lo que supone para la Universitat de les Illes Balears (UIB) el triple de necesidad de nuevas plazas en comparación con la medida contemplada por el Ministerio.
La Conselleria d'Educació i Universitats ha señalado que la propuesta presentada por el Ministerio no contemplaba otros gastos derivados de la implantación de la LOSU y que ascienden, según un informe de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a más de 844 millones de euros. Tampoco se trató la financiación derivada del artículo 55.2 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario que indica que en 2030 debe destinarse un mínimo del uno por ciento del PIB del conjunto del Estado a la educación universitaria pública.
En la reunión, se decidió, con el apoyo del Ministerio y de las comunidades autónomas, proponer una modificación normativa que amplía tres años y medio el plazo para adaptar los contratos ya existentes de profesores ayudantes doctores y asociados y un año el plazo para que las universidades adapten sus estatutos a la LOSU.
Por último, la Conselleria transmitió la necesidad de que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades asuma una posición «más responsable» de negociación para solucionar los problemas derivados de la implantación de una ley universitaria, aprobada «sin consenso y sin una memoria económica completa» que asegurara la financiación de las medidas que se implantaban.
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