«Nos atrevemos a decir que hay casos en los cuales sólo uno de cada diez trabajadores tiene contrato y quien lo tiene trabaja en unas condiciones totalmente ilegales e inhumanas en cuanto a horas trabajadas y contrato firmado», aseguran desde Grepels. La asociación de Pimem argumenta que los propietarios de los locales «quieren sacar el máximo beneficio al local explotando a los trabajadores de forma ilegal», mientras que los trabajadores, por su parte, «no atienden ni a horarios ni a formación ni a los mínimos exigibles de higiene».
Grepels alerta igualmente de la facturación en B de estos establecimientos. El colectivo reclama más inspecciones para «poner orden» y conocer de primera mano todas las irregularidades que se están produciendo. «Sólo conociendo lo que pasa se puede actuar y lo primero que pedimos es más inspecciones, más control y actuar en consecuencia y ante la información recogida por los inspectores», han añadido.
Grepels justifica de este modo, con los contratos irregulares o el impago de impuestos, que estas barberías puedan ofertas precios tan asequibles para los ciudadanos por lo que reclaman poder actuar en una competencia sana para dignificar la profesión. En todo caso, desde la asociación vinculada a Pimem admiten que la proliferación de estos establecimientos puede hacer afectado poco «porque los clientes siguen apostando por un servicio de más calidad y más duradero y no tanto por una rutina de corte».
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