Francina Armengol y Iago Negueruela, el pasado agosto de camino al Parlament. | Jaume Morey

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El PSIB defendió este viernes que fue su gestión en el IB-Salut la que impidió que prescribiera la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional por presuntas mordidas en contratos firmados durante los peores meses de la pandemia.

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El portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, que fue portavoz del Govern en la pasada legislatura, acusó al actual vicepresidente, Antoni Costa, de «utilizar» el Consolat de Mar «para lanzar insidias, ataques y mentiras» por sus declaraciones al respecto. Negueruela reiteró que las compras de material sanitario durante la pandemia se hicieron en un momento de emergencia, en el que «se presentaban distintos tipos de ofertas y canales que terminaban en el IB-Salut, que era quien hacía todas las contrataciones y quienes las verificaba». Una vez hechas todas las contrataciones de emergencia «para tener todo el material posible para salvar el máximo número de vidas», eran verificadas a posteriori por el departamento de intervención de la Comunidad Autónoma, «como también ha ocurrido con el contrato cuestionado, y del que no se encontró ningún indicio de irregularidad, tampoco por parte de la Oficina Anticorrupción», señaló Negueruela. La Fiscalía Anticorrupción cree que el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, habría usado su influencia en beneficio de su empresa con el objetivo de que la reclamación del Govern no prosperara. Para el PSIB, las supuestas presiones «caen por su propio peso como argumento por el hecho de que esa reclamación se hizo». Así, los socialistas inciden en que fue el Govern anterior quien empezó la reclamación de las cantidades por la diferencia de precio entre una mascarillas.

Hacia el final de la pandemia, el 20 de marzo, el director del IB-Salut, Manuel Palomino, dirigió un apercibimiento a la empresa anunciando medidas. El PSIB afirma que ese escrito fue «una primera reclamación de las cantidades» y que vino precedida de «un trabajo de meses iniciado en 2022 y que termina en julio de 2023», que es cuando se firma la propuesta de inicio de resolución, el    día de la investidura de Marga Prohens