Baleares será este martes la primera autonomía que elimine un organismo anticorrupción

Milán, en 2023, con motivo de una reunión de en Palma. | Pere Bota

Torres BlascoPalma26/03/24 0:30
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Balears se convertirá este martes en la primera comunidad autónoma española en suprimir por ley un organismo anticorrupción, concretamente la oficina de prevención y lucha contra ésta que se creó en 2016 y que, durante su existencia, ha indagado 522 denuncias. En España existen 14 organismos autonómicos similares pero hasta ahora ninguna de las gobernadas por el PP y Vox (o con apoyo de éste grupo) había planteado un paso así. El Govern de Marga Prohens es el primero. Desde el PSIB, que se opone a la medida, se informó ayer de que también la Comunidad Valenciana debate esta posibilidad.

El diputado socialista Marc Pons, que junto a la diputada Pilar Costa se ha ocupado de esta propuesta a su paso por el Parlament, indicó este lunes que «el Govern de Prohens tendrá el dudoso honor de ser pionero».

Inconstitucionalidad

La ley que este martes aprobará el pleno del Parlament –con los votos del PP y Vox– no se ocupa sólo de la supresión de la oficina (establece un plazo de seis meses para cerrarla pero prevé la destitución de su director, Tòfol Milán, en cuanto la norma se publique en el BOIB), sino que establece unas nuevas normas de transparencia (las declaraciones patrimoniales de altos cargos serán parcialmente confidenciales), termina con el anonimato de las denuncias y da un gran poder a la Conselleria de Presidència, que es quien recibirá las denuncias hasta que decida donde las envía.

El PSIB decidirá en su momento si presenta un recurso de inconstitucionalidad, pero todavía no lo tiene claro. Se apoya en que las directrices europeas obligan a que existan organismos de transparencia y de denuncia donde se garantice la confidencialidad. La ley da al Parlament una competencia que, según algunos informes jurídicos, no tiene, pues la Mesa deberá resolver sobre denuncias e incumplimientos. Lo que hace la nueva norma, además, es dejar en manos del propio Ejecutivo las denuncias sobre incompatibilidades de quienes forman parte del Govern. La oficina tiene 207 expedientes en tramitación.