Estaba escrito y anunciado: el Parlament balear ha liquidado este martes con los votos del PP y Vox la Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció, un organismo creado por el Govern de izquierdas en 2016 y ante el que se podían presentar denuncias, también anónimas, que una vez investigadas, se archivaban o remitían a la Fiscalía. La supresión de la oficina no estaba en el programa electoral del PP pero sí en el de Vox, aunque no quedó recogida en el acuerdo de gobernabilidad suscrito por ambos partidos.
El Govern de Baleares es el primero de España –y, según los socialistas, «posiblemente el primero de Europa»– que suprime un organismo creado para combatir la corrupción política. Aunque el tono empleado por el portavoz del PP en este debate, Mauricio Rovira, ha sido menos virulento que el de otros portavoces del partido, para el PP esta oficina siempre fue un departamento creado «para perseguir al PP».
El Parlament no se limita a suprimir la oficina –su director, Cristòfol Milán, presente en el pleno y que ha calificado de error la supresión, quedará destituido en cuanto la ley se publique en el BOIB– , sino que cambia el modo en que se tramitan las declaraciones patrimoniales de los altos cargos y se da al Govern más poder del que tiene ahora.
Lo que se ha aprobado es una ley, la de Transparencia y control de cargos públicos de Balears, por la que se crea un nuevo organismo donde se presentarán las declaraciones y se establece que las denuncias que ahora tramitaba la oficina, 207, se remitirán a un organismo de la Conselleria de Presidència.
«Esto es una vendetta de Marga Prohens por las investigaciones de Campos», dijo la socialista Pilar Costa. Uno de los asuntos que investiga la oficina tiene que ver con la gestión urbanística de un director general de su Govern.
«La aprobación de esta ley es una llamada a la impunidad, es la vuelta a la época más oscura del PP, es un mal día para la democracia», dijo el también socialista Marc Pons, que llevó el peso del debate. Todos los grupos de oposición tildaron la norma de «bunyol» o «churro» y alertaron de que va en contra de las directivas europeas de transparencia y control democrático.
1 comentario
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Como les molesta que la democracia gane. Son comunistas hasta la médula. No queremos chiringuitos!!!. A trabajar vagos!!!