Según ha podido saber Ultima Hora, los propietarios interesados, una vez conozcan los riesgos, tendrán que firmar el documento –emitido por la federación– en el que se muestran de acuerdo con la información recibida y las sanciones. La Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedad Documentales de la Policía Nacional ha tomado esta decisión, acordada con la FELIB, para combatir las mafias en torno al empadronamiento, después que los agentes desarticularan en Inca, hacen unos meses, a un grupo de personas que tramitaban las altas y facilitaban la tarjeta sanitaria a cambio de dinero.
El presidenta de la FELIB, Jaume Ferriol, es consciente de este tráfico de certificados que afecta, principalmente, a las personas mayores «que permiten empadronarse en sus casa a cuidadores internos sin documentación regular y luego no les dan de baja». La Brigada de Extranjería detectó hasta 85 «inquilinos» empadronados en un mismo inmueble.
El documento, que ya está en posesión de los consistorios, va en consosancia con la ley de extranjería y contradice a la norma del padrón municipal que «no hace ningún tipo de advertencia [al propietario] al llevar a cabo trámites de empadronamientos través del pasaporte».
Desde la Plataforma de la inmigración Baleares han recibido numerosas quejas por parte de extranjeros que tienen problemas para obtener el certificado.
El empadronamiento, explica el presidente de la plataforma, Farouk Pino, «es un derecho y un deber y ningún ayuntamiento puede poner trabas». La Red de Inclusión social EAPN propuso una reunión a la FELIB para «sensibilizarles sobre este tema» y proponer que estas personas en situación irregular puedan empadronarse en el propio consistorio. La entidad reclama que el acceso a la salud y a la educación es un derecho «universal» y solo se consigue con el certificado. Desde la oposición también apoyan las propuestas de la Plataforma de la Inmigración y EAPN. Conocen de sobra las dificultades que tienen a la hora de pedir el documento y denuncian un «boicot de PP y Vox».
El apunte
Más de 2.000 extranjeros esperan una cita para empadronarse en Palma
