Gabriel Obiang es actualmente ministro de Planificación y Diversificación Económica. | R.L.

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El juzgado de Instrucción 3 investiga si una propiedad de lujo en Son Gual fue adquirida con fondos vinculados a uno de los hijos del dictador guineano Teodoro Obiang, Gabriel. El órgano judicial mantiene abierta una causa con múltiples vínculos internacional y cuyo objeto principal es una operación de blanqueo de capitales vinculada al pago de un soborno de cinco millones de euros por parte de una constructora portuguesa.

La causa en Mallorca sigue las actividades de un empresario neerlandés afincado en la Isla. Se le atribuye un papel clave en la trama: el de haber conseguido trasladar el dinero desde Cabo Verde hasta Chipre. Gabriel Obiang, entonces ministro de Minas adjudicó a la constructora portuguesa Armando Cunha S. A. la construcción de un edificio en Guinea. La Fiscalía de Lisboa investiga si en esa adjudicación medió el pago de un soborno de cinco millones de euros.

El empresario de Países Bajos, que fue detenido en Palma hace año e interrogado por la magistrada, fue contratado por cinco millones de euros por distintos trabajos por Cunha. Esa cuantía se sospecha que forma parte del soborno recibido por Obiang y que luego se canaliza a través de varias sociedades, una de ellas holanda, hacia Chipre. También se investiga si esos fondos sirvieron para adquirir la propiedad de lujo en Son Gual donde reside el holandés.

La magistrada encargada del caso ha levantado hace unos días el secreto de sumario de las actuaciones, que se concretan en el posible blanqueo. La investigación en Balears se desarrolla de forma paralela a que se lleva a cabo en Portugal por un delito de corrupción en negocios internacionales. Esas actuaciones también estaban bajo secreto de sumario hasta hace apenas un mes y el levantamiento de esa medida por las autoridades lusas ha permitido que se haga lo mismo en Mallorca.

La investigación, en la que participa la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Vigilancia Aduanera, ha estado pendiente de la cooperación con varios países. Además de Portugal, en las pesquisas han intervenido también los Países Bajos.

De hecho, en el auto en el que levanta el secreto de sumario, la magistrada advierte que «las conexiones internacionales de la presenta investigación han hecho que España haya asumido otros compromisos de cooperación internacional que deben ser respetados». Añade que parte de esos compromisos deben permaneces por el momento bajo secreto para no perjudicar a la administración de justicia de terceros países.

En la investigación española permanecen imputados, además del holandés afincado en Son Gual, uno de sus colaboradores y otro empresario internacional con un supuesto papel menor en la trama. También figura una empresa holandesa por su participación en el blanqueo.