Baleares pide al Gobierno que le ayude a clausurar y precintar las viviendas turísticas ilegales

Así lo ha manifestado Vidal al término de la reunión que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha mantenido en Madrid con los representantes de las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana para abordar el impacto de los pisos turísticos sobre la vivienda residencial y sus precios.

Con el objetivo de monitorizar el sector como marcan las directrices europeas, la ministra ha planteado a las comunidades la creación de una plataforma estatal y única de datos para 2025 que, en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo, ofrecerá datos públicos y homologables con la Unión Europea sobre pisos turísticos, alquiler de temporada o alquiler de habitaciones.

En el encuentro, la consellera balear ha destacado la persecución de la oferta ilegal como una de las máximas prioridades de las Islas, así como la necesidad de herramientas legales de rango estatal que le permita actuar con celeridad y eficiencia. En ese sentido, ha señalado que en el momento de poder clausurar y precintar una vivienda que se está comercializando para uso turístico ilegalmente «nosotros como comunidad autónoma necesitamos tener la seguridad de que normas de rango estatal nos permiten hacer eso».

Asimismo, ha pedido que se deje de usar el término «alegal» para referirse «al intrusismo y a la actividad clandestina» en dicho sector, y ha manifestado su preocupación por que el foco del problema de la vivienda se ponga sobre la oferta que opera dentro de la legalidad. «Nos preocupa que el foco se ponga en la parte fácil, en vetar la oferta legal, cuando consideramos que donde se debería poner es en la oferta ilegal».

También se ha mostrado contraria a la posibilidad de que el Ejecutivo central «invada competencias de Baleares» con su intención de regular el sector. Unas competencias que están delegadas en las comunidades y que en este caso serían las de turismo, vivienda y urbanismo. «Hemos reiterado que como legítimos titulares de las competencias de vivienda tenemos que ser plenamente libres para desarrollar lo que estatutariamente nos corresponde con políticas propias».

Además, ha expresado también el rechazo del Govern a aplicar en Baleares la declaración de zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres. «No lo consideramos una buena medida y por tanto no la vamos a aplicar», ha señalado Vidal para añadir que «estamos recibiendo muchísimas presiones a instancias del PSOE en todos los municipios intentando que se declaren zonas de mercado tensionado».

Por último, destacó ante los medios el plan del Ejecutivo autonómico para lanzar al mercado del alquiler 2.000 ó 3.000 viviendas que se encuentran cerradas por la falta de «seguridad jurídica» de sus propietarios. «Hay municipios que tienen hasta el 40 % de sus viviendas cerradas», ha lamentado. Por último, reiteró que aunque no se disponen de cifras sobre el volumen real de las viviendas turísticas ilegales en Baleares, sí se intuye que «el porcentaje de las legales es muy bajo en comparación con el de las ilegales».