La consellera ha instado a la ministra a «poner el foco de atención» en esta cuestión, señalando que las competencias de la Comunidad Autónoma no permiten clausurar estas viviendas. Según ha explicado, en el momento de precintar y clausurar, la CCAA «necesita tener la seguridad por normas de rango estatal que permitan hacer esto».
«Hemos pedido a la ministra que nos ayude para poder hacer lo que es nuestra voluntad, que es la clausura y el precinto de los pisos en los que se desarrolla estructura turística ilegal», ha señalado Vidal. En esta línea, ha indicado que se han identificado unas 8.700 viviendas y que, a partir de aquí, se establecen medidas. Sin embargo, ha destacado que la manera más directa e inmediata es clausurar los pisos ilegales.
Asimismo, la consellera autonómica ha manifestado su «preocupación» por el problema de la vivienda en España y ha trasladado a la ministra que el «problema» es que con la intención de regular esta cuestión, el Estado invada competencias autonómicas sobre turismo, vivienda y urbanismo.
En cuanto al alquiler turístico, Vidal ha mostrado su «preocupación» en que «el foco se ponga en la parte fácil», refiriéndose a vetar el alquiler turístico. «Afectando siempre a lo que es el alquiler turístico legal, cuando nosotros consideramos que el foco se tiene que poner en alquiler turístico ilegal», ha añadido.
En esta línea, ha considerado que tiene que dejar de usarse la terminología alegal para referirse al intrusismo y a la actividad clandestina de alquiler turístico en viviendas de uso residencial que, a su juicio, es lo que está causando «un problema muy importante».
En cuanto a la Ley de Vivienda estatal, Vidal ha reiterado que el Govern no lo considera una «buena medida» y que, por tanto, no aplicará «en ningún caso» la declaración de zonas tensionadas. Igualmente, la consellera balear ha mencionado el programa de alquiler seguro que pondrá en marcha su Conselleria para sacar viviendas vacías al mercado del alquiler. Según Vidal, hay unas 100.000 viviendas cerradas en Baleares por falta de seguridad jurídica de los propietarios.
Sobre esta cuestión, ha informado que ha pedido a la ministra que, en ejercicio de las competencias estatales, ofrezca seguridad jurídica a los propietarios en materia de impagos y ocupación, entre otras. Igualmente, ha indicado que hay municipios en Baleares que tienen hasta el 40 por ciento de viviendas vacías, una situación que ha calificado de «auténtico despropósito» en un territorio que «es limitado y frágil que hay que proteger». Con todo, ha insistido, su Conselleria consiera que la fórmula no es declarar zonas de mercados tensionados, que lo que hacen es que «el problema se incremente».
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