El dictamen concluye con cuatro propuestas de mejora: llevar a cabo una auditoría completa de todos los contratos celebrados durante la pandemia de covid-19; elaborar normativa en materia de contratación de carácter sectorial para el ámbito de la sanidad; establecer la obligatoriedad de informar a los cargos del gobierno entrante de los expedientes objeto de investigación judicial, y el deber de informar a la Dirección General de Fondos Europeos de cualquier incidencia que pueda afectar al pago de las operaciones o contratos que pueden ser objeto de financiación.
Con lo aprobado este martes, la comisión concluye que el Govern que presidía Francina Armengol compró en 2020 las mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional por el presunto cobro de comisiones y también por la Fiscalía europea. El documento de conclusiones afirma que el mediador para la compra fue Koldo García, que desde el principio se sabía que las mascarillas eran inservibles para uso sanitario, por lo que fueron almacenadas y se dejaron caducar y que a pesar de ello se solicitó su financiación con fondos europeos.
El dictamen incorpora dos conclusiones de MÉS per Mallorca, que son que no se entiende que los resultados del análisis que hizo el Centro Nacional de Medios de Protección (CNCP) señalando que no cumplían los requisitos de ser FFP2 no se compartieran con la UCO de la Guardia Civil cuando se personó en el Ib-Salut reclamando este expediente, ni con la Fiscalía Anticorrupción, ni la Oficina Anticorrupción, ni con la Intervención ni la Dirección General de Fondos Europeos. También que «se considera negligente» que los responsables políticos del Ib-Salut no elevaran que la UCO había reclamado el expediente a sus superiores jerárquicos ni consideraron que este hecho les debía haber llevado a revisar de oficio este expediente.
La portavoz de Vox, Patricia de las Heras, ha asegurado que la comisión ha desmontado que se adquirieran las mascarillas como stock y que se guardaran para reclamar la devolución del sobrecoste por no ser FFP2. De las Heras, que se enfrentó a los socialistas el último día de la comisión, ha criticado este martes su «violencia e insultos que fomentan que se repitan las amenazas» que ha sufrido. Ha detallado que al día siguiente del final de la comisión volvió a recibir una amenaza de muerte: «Lo cobarde es hacer amenazas e incitar al odio y a la violencia escondiéndose tras la prerrogativa de la inviolabilidad parlamentaria», ha dicho en respuesta a que la socialista Pilar Costa haya dicho que las conclusiones de Vox son de «ultraderechita cobarde».
Costa ha tildado la comisión de «esperpento», ha dicho que «nació muerta» por responder a los intereses del PP y Vox y ha descalificado las cuatro propuestas finales de mejora que «si no fuera tan serio, diría que dan risa». El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha justificado su oposición al texto final porque «cualquier conclusión responde más a intereses partidistas que a aclaraciones en la comisión» y porque en el dictamen se manifiestan cuestiones que, «en base a la documentación y a las comparecencias en la comisión, no se pueden dar como hechos probados».
«Tenemos muchas dudas sobre algunos aspectos que han sido objeto de investigación y no se han resuelto», ha señalado y ha cuestionado que el dictamen sea «excesivamente expeditivo en sus conclusiones sobre el Govern anterior y demasiado condescendiente respecto a las actuaciones del actual». Tanto la socialista Costa, como Apesteguia y Cristina Gómez de Podemos han coincidido en señalar el absurdo de que la comisión Koldo Baleares es la única que se ha celebrado «sin Koldo», porque se renunció a citarle por falta de tiempo, ante la voluntad del PP y de Vox de que terminara antes de las elecciones europeas.
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