Denuncia penal contra dos mandos de la Policía Local de Palma y un alto cargo por ‘mobbing' a un inspector

La denuncia, a la que ha tenido acceso Ultima Hora, alude en distintas ocasiones que el acoso se produjo durante todo este tiempo «bajo el paraguas de una administración pública», en referencia al Ajuntament, en la época en la que José Hila era alcalde y Angélica Pastor la regidora de Seguridad Ciudadana. El calvario del inspector comenzó en el año 2015, cuando fue suspendido de empleo y sueldo durante la instrucción del ‘caso Cursach'.

Hasta 2019 no fue desimputado, y por entonces, cuando le adeudaban 125.000 euros por impago de la parte proporcional de las mensualidades de todos aquellos años el jefe de Recursos Humanos «inició un bloqueo de sus derechos, sin contestar a sus escritos o hacerlo con años de retraso». La parte más dura de la denuncia va dirigida a un mayor del cuartel: «Le imposibilitó, de forma reiterada, su entrada a las dependencias policiales, recibiendo amenazas de que ‘mando informes a Penalva y Subirán'». Añade, el escrito, que el citado mando le sometía a «castigo de silencio y trato de indiferencia ‘como si no existiera'».

La denuncia penal va más allá y habla de «ridiculizaciones, ya que había pintadas con su nombre en heces dibujadas acompañadas de insultos tipo ‘maricón, tiene Sida, cuando el río suena agua lleva, chorizo, alcohólico, maltratador».

El auténtico drama del mando policial es que era «invisible» y que le privaron de sus funciones laborales de forma progresiva», apunta el escrito, que agrega: «El mayor permitió que le expedientasen a sabiendas de que era falso todo lo que se dijo de su actuación», en referencia a un incidente tras una cena de despedida de un agente de los GAP.

En otro episodio relatado, se explica que le quitaron su despacho «y sus pertenencias fueron guardadas en un almacén en bolsas sin llegar a saber nunca si están o no todas sus pertenencias». La etapa más dura del ‘mobbing' comenzó en noviembre de 2019, cuando fue desimputado y regresó al trabajo, destinado en la emisora (base del 092). El denunciante, a pesar de su cargo de inspector, se quedó «sin ninguna función ni directriz, ni despacho, ni equipo informático o mesa».

Tampoco tenía teléfono corporativo, como el resto de mandos de igual rango. Además, refiere que «como segundo en el escalafón policial en la unidad que comandaba el mayor, nunca se le dejó suplir sus funciones en su ausencia, algo lógico y normal, además de no ser convocado nunca a ninguna reunión durante el tiempo que estuvo bajos sus órdenes, siendo testigos de ello Antonio Vera y el comisario Morey (refiriéndose a los dos jefes de la Policía Local)».

Todas estas humillaciones laborales y el aislamiento que sufrió durante años el inspector («era visto como el apestado») le ocasionaron una serie de secuelas psicológicas reflejadas en un dictamen pericial de una psicóloga perito, que «descarta la presencia de trastornos de personalidad tendentes al falseamiento de su testimonio y subrayan la ausencia de indicadores de simulación». Al tiempo que reseñan «síntomas de ansiedad, somáticos y depresivos severos y de mal pronóstico». En la denuncia penal interpuesta se recuerda que el acoso laboral está penado con condenas de prisión de seis meses a dos años: «Es violencia psicológica».

En la denuncia penal presentada en un juzgado de Instrucción de Palma, la defensa del inspector denunciante aporta una serie de testigos, entre los que destacan tres exjefes del cuartel de San Fernando: Joan Miquel Mut, Toni Vera y Antoni Morey. Los tres fueron injustamente perseguidos durante la instrucción del llamado ‘caso Cursach' y después se demostró que eran del todo inocentes. Sin embargo, vivieron un auténtico calvario judicial, personal y profesional. Además de los tres mandos, serán citados para las testificales otros inspectores, subinspectores y agentes, así como componentes de un tribunal de Cort.