«Tenemos hasta 750€ de presupuesto, sólo pido un techo, agua y reunir a mi familia»

La familia llegó al piso de alquiler que acaban de abandonar «hace dos años», en 2022; hasta el momento «habíamos vivido en otro piso del mismo propietario, un gran tenedor que tiene varios bloques, y pagábamos con puntualidad, luego nos cambió de casa», explica Jessica. «Vivía en pareja pero me separé, el propietario nos subió el alquiler a 940€ y luego nos dijo que nos fuéramos a otro de sus pisos», cuenta la afectada. «Entramos en agosto del 2022, pagábamos 850€ de alquiler pero para la entrada nos pedía cuatro meses y 200€ de fondo para facturas, además de 30€ mensuales de comunidad, el IBI y el RSU».

Hizo frente a los gastos durante los tres primeros meses, «en diciembre del 2022 ya no pudimos pagar y en enero nos denunció por el impago de un mes», cuenta. El punto de inflexión fueron «unos miomas en el útero. Me diagnosticaron, caí enferma, luego mi hija se quedó en el paro y todo se puso en contra». Jessica dejó de pagar los meses siguientes «porque, además de que si pagaba no comía, me aconsejaron que, si ya me había denunciado por sólo un mes de impago, no me iba a dar facilidades ni iba a ayudarme a buscar una solución».

Confianza ciega en las VPO de Santa Ponça

Jessica comenzó su búsqueda de ayuda en las diferentes instituciones de Calvià hasta que alguien le habló de las viviendas de protección oficial de Santa Ponça. «Me dijeron, oye Jessica, ahora mismo estás en una situación muy vulnerable y te conviene solicitar esto, ve a Serveis Socials y apúntate en el proceso. Lo hice y me incorporé a la lista de espera. Eso fue el 7 de marzo de 2023 y a día de hoy sigo esperando. No entiendo el porqué. Hay 104 pisos ya listos, vacíos y no se reparten», explica compungida.

El desahucio se acercaba. «Mantuve varias reuniones y me ayudaban mucho con el tema de la alimentación y demás pero lo de la vivienda no llegaba y a mí me hacía mucha falta», narra. Lo intentó con decenas de políticos y entidades, pidiendo ayuda y alternativas. Cuando ya tuvo el desahucio encima, el consistorio le ofreció «dejar a los niños en un centro de menores y que mi hija y yo nos fuéramos a un albergue de mujeres. No me parecía bien. No quería que mi familia se separara y menos en un municipio en el que sé que hay viviendas vacías que ya deberían haber dado».

De hecho, las VPO de Santa Ponça continúan sin ser adjudicadas y faltan algunos meses para terminar con el proceso. La administración asegura que no pueden acelerar o adelantar unos trámites que, en un proceso tan delicado y protocolarizado, deben desarrollarse minuciosamente. Para Jessica, eran su única esperanza.

A la búsqueda de una nueva oportunidad

El pasado 9 de julio, con todas sus cosas empaquetadas, Jessica tuvo que enfrentarse a dejar su piso. «¿Qué voy a hacer? No quiero resistirme ni crear problemas. El niño pequeño está con su padre, el otro con su madrina y mi hija y yo estamos en casa de un familiar. Ahora me proponen incluso pagarme el primer mes de alquiler pero el problema es que no encontramos ningún piso al que poder ir», explica apenada.

Jessica encontró un trabajo aunque ahora está de baja por depresión y medicada con ansiolíticos tras la tensión y angustia que ha vivido en los últimos meses. En estos días, ha guardado su vida entera en un guardamuebles al que ha podido acceder temporalmente.

«Con la guerra que he dado ya no quiero luchar más por evitar un desahucio que sabía que era inminente e imparable, me rindo, sólo pido un alquiler nuevo para poder juntar a mis hijos y a nuestras mascotas, para vivir en familia; tenemos un presupuesto de 750€, sólo necesito un techo, agua y que podamos estar juntos, como si es en un habitación», ruega desesperada. «Somos una buena familia, de verdad, cuidaremos la casa, pagaremos, haremos lo que sea, la arreglaremos si es necesario, seguro que hay alguien bueno que nos puede ayudar, por favor». A pesar de todo, Jessica conserva aún las ganas de volver a empezar si surge la oportunidad.