Los arquitectos se oponen al uso turístico de las viviendas legalizadas en rústico

A priori, el decreto prohíbe que las viviendas ilegales amnistiadas con el proceso de legalización puedan obtener un rendimiento económico fruto de su explotación turística, aunque el debate está sobre la mesa después de las reivindicaciones de la patronal del alquiler vacacional Febhatur y de ayuntamientos de municipios especialmente afectados como el de Pollença.

«Si esa prohibición acaba desapareciendo, para nosotros el decreto perderá mucha fuerza», señala el decano del COAIB, Bernat Nadal, para argumentar su postura. «Todo estaba enmarcado en el problema de la falta de vivienda y esta era una manera de sacar vivienda al mercado», por lo tanto, «todo lo que se incorpore a la legalidad por esta vía no se puede utilizar después para hacer negocio».

El Colegio teme que las presiones acaben fraguando en una modificación del decreto que «abriría la puerta a que el comprador pueda ser, por ejemplo, un fondo de inversión y ya desaparecería del mercado de la vivienda, que es en teoría lo que pretendías impulsar». En este contexto, Nadal afirma que «nos tendremos que oponer», ya que «pensamos que algún criterio ético se tendrá que seguir. No vale todo».

Por otro lado, el Colegio tiene claras algunas de las propuestas que planea hacer durante el periodo de tramitación parlamentaria -las cuales deberían ser recogidas por algún partido político para tener posibilidades de ser integradas en el documento definitivo- para la conversión del decreto en ley. Parte importante de las imperfecciones del texto actual, consideran los arquitectos, radica en su indefinición en numerosos aspectos, lo que redundará que muchas cuestiones queden sujetas a la interpretación de cada técnico.

De esta manera, explica Nadal, en base al mismo texto se podrán encontrar situaciones en las que un ayuntamiento permita una determinada actuación que el del municipio de al lado considere irrealizable. Asimismo, sin criterios fijos y unificados, advierte, no solo se incurrirá en agravios comparativos, sino que «podemos encontrarnos con auténticas aberraciones». Máxime, añade, cuando no hay ninguna obligatoriedad de integración paisajística.

Precisamente, que se imponga una integración paisajística mínima será otra de las propuestas del COAIB, entendiendo que se debe velar por un «especial cuidado» con el patrimonio natural y que los criterios de legalización deben ser más exigentes y restrictivos en paisajes pintoresco. Además, se propondrá una modernización de la planimetría de la Ley de Espacios Naturales (LEN) de 1991 -con una cartografía muy confusa que puede generar equívocos- con el uso del visor IDEIB.

Desde que se publicó el decreto de simplificación administrativa, el 28 de mayo, el COAIB ha recibido un total de 332 consultas que afectan a más de mil viviendas. Una cifra que evidencia la indefinición que afecta a parte importante del texto del decreto. En ese sentido, la Ley Company aplicada en 2014 con la misma finalidad, argumenta Nadal, era más clara, lo que motivó que las actuaciones se dispararan. Con todo, prevé que en esta ocasión también «haya un alud».