La presidenta del Govern, Marga Prohens, este lunes en la Junta Directiva del PP. | R.D.

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Baleares no está de acuerdo con la reforma de la Ley de Extranjería para que las comunidades reciban de forma obligatoria parte de los 6.000 menores migrantes no acompañados que tiene en acogida Canarias. La presidenta balear, Marga Prohens, participó en una reunión de la Junta Directiva del PP en la que se abordó este asunto y su postura, a pregunta de los periodistas fue clara: reclamó al Gobierno que apruebe una ‘excepción balear' para que la Comunitat quede excluida del posible reparto obligatorio de menores.

La presidenta accedió hace unos días a que Baleares acoja a 10 menores procedentes de Canarias de los 400 que irán a diversas comunidades autónomas. Fue una decisión voluntaria que provocó la ruptura del pacto por parte de Vox. A lo que se opone Prohens es a que ese reparto sea obligatorio por ley.

Este lunes defendió que Baleares debe quedar fuera y reclamó al Gobierno que tenga en cuenta que las Islas están viviendo «la mayor oleada de inmigración irregular de la historia» con un aumento de un 50 % de las llegadas con respecto al año pasado, según los datos que expuso la presidenta.

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«En estas circunstancias no se puede atender en términos de dignidad a las personas que están llegando a nuestras costas», dijo. Con respecto a la propuesta concreta de reforma de la ley que plantea el Gobierno, Prohens señaló que Balears «no se ve reflejada» porque no se tienen en cuenta las características singulares de la Comunitat. Acusó a Pedro Sánchez de mantener una «política errática» en política internacional con Argelia. También acusó a Sánchez de intentar trasladar a las comunidades un problema que ha generado el Gobierno.

En concordancia con las palabras de Prohens, la consellera de Famílies, Catalina Cirer, también recordó que las políticas sobre inmigración corresponden al Gobierno. Cirer asistió a la Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión. Cirer recriminó al Ministerio que vaya en la línea «opuesta» a las comunidades autónomas, «que somos las que debemos gestionar el día a día de una realidad cada vez más difícil y más cambiante».

Cirer reclamó la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar este asunto y, hasta entonces, reclamó más recursos para atender de forma digna a las personas que llegan, tanto a los adultos como a los menores no acompañados.

En referencia a la situación de Baleares, consolidada como ruta migratoria, la consellera pidió que se declare la emergencia migratoria para que en Europa se conozca la realidad de España y Balears ya que es complicado abordar la situación por parte de las comunidades en solitario.