La Audiencia condena a 14 años de cárcel al matrimonio acusado de una gran estafa inmobiliaria en Palma

La Sala considera acreditado que el matrimonio embaucó a personas que querían comprar viviendas en barrios como Son Gotleu, el Rafal o Verge de Lluc, quedándose el dinero de las arras o parte del precio acordado sin tener realmente intención de ejecutar las operaciones.

La mujer reconoció sólo parte de estos engaños y lo hizo excusándose en que necesitaba urgentemente el dinero para pagar a unos peligrosos prestamistas que la acosaban. «Estaba en riesgo la vida de mis hijos», dijo. Sin embargo, no aportó ninguna prueba sobre la existencia de esos prestamistas. Su abogado planteaba un delito de apropiación indebida en lugar de uno de estafa.

Las víctimas relataron en el juicio que la mujer prometía conseguir hipotecas «imposibles» a personas con pocos recursos, y que cuando las operaciones no se materializaban daba explicaciones inverosímiles hasta que en un momento dado se esfumó sin devolver el dinero. La familia fue detenida en una gasolinera de Cádiz.

La sentencia absuelve a la hija del matrimonio, a la que la Fiscalía imputaba por movimientos de dinero con cuentas a su nombre. En el juicio, los padres insistieron en todo momento en que se habían aprovechado de su confianza y que no sabía nada del origen ilícito del dinero. La joven expresó en su declaración que no se podía creer que sus padres la hubieran utilizado de esta forma.

El Tribunal absuelve también a un intermediario, señalado sólo por una acusación particular; y a la mercantil constituida por el matrimonio para la actividad inmobiliaria, al constatar que la sociedad no tenía actividad real y por tanto carecía de beneficios. Las cuentas mantenían siempre un saldo escaso o incluso cero.

Además de la pena de cárcel, el Tribunal condena al matrimonio a pagar indemnizaciones a las víctimas -salvo a dos de los denunciantes- por el dinero defraudado, sumando un total de 468.700 euros.

Los que más fondos aportaron son un matrimonio que transfirió casi 150.000 euros que había reunido con préstamos de familiares para adquirir un piso a reformar; pensaban que el dinero se había destinado al banco propietario del inmueble, que los demandó por ocupación ilegal.