Tras la actualización de precios publicada en el BOIB del pasado noviembre, el precio por metro cuadrado de una vivienda situada en los municipios del grupo A oscila entre los 3.018 y los 2.465,17 euros, a lo que hay que sumar el coste del aparcamiento y del trastero, detalla Consubal en una nota.
Se tratan de las zonas de Alaior, Alcúdia, Andratx, Artà, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Calvià, Campos, Capdepera, Ciutadella, Deià, Ibiza, Es Castell, Escorca, Es Migjorn, Esporles, Estellencs, Formentera, Fornalutx, Inca, Llubí, Llucmajor, Manacor, Mahón, Marratxí, Montuïri y Palma. También incluye los municipios de Pollença, Puigpunyent, sa Pobla, Santa Eulàlia, Santa Margalida, Sant Antoni, Santanyí, Sant Llorenç, Sant Lluís, Santa Eugènia, Selva, ses Salines, Sant Josep, Sóller, Son Servera y Valldemossa.
Además del precio de la vivienda hay que sumar el IVA y los gastos de notaria y registro, por lo que aquellos jóvenes que no dispongan de ahorro lo tienen muy complicado para poder acceder, como ha advertido el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez. Nulo efecto de las medidas del Govern De acuerdo con Rodríguez, las medidas urgentes impulsadas por el Govern para paliar el problema de la vivienda han tenido «escaso o nulo efecto» y más bien ha sido «todo lo contrario», porque los precios aumentan «de forma incontrolada».
Desde Consubal han pedido al Govern de Marga Prohens actuaciones urgentes en materia de vivienda que, de forma efectiva, ayuden a jóvenes y colectivos vulnerables a acceder a una vivienda digna y a un precio asequible, sobre todo en el ámbito del arrendamiento. La organización también ha denunciado las dificultades de los ciudadanos para poder acceder a una cita en el IBAVI que en estos momentos, para una cita telefónica, hay que esperar algo más de tres meses.
3 comentarios
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Pues a currar como toda se hizo toda la vida. Hay no, que vivimos del turismo eso no da para nada pero alguns se empeñan en decir lo contrario.
Eso tiene de vivienda social lo que yo de ministra. No sé a qué jóvenes pretenden vender esos pisos. Por otra parte el problema de los jóvenes y no tan jóvenes es que no sólo no pueden comprar (ni vivienda social) sino que no pueden ni alquilar (ni un chenil, ni la vivienda esa social que sacaron en Mahón que era cara de c....). De una vez: prohibir venta de vivienda convencional a extranjeros, perseguir alquiler ilegal de vivienda a turistas, y si es necesario no renovar ni una sola licencia de apartamento turístico de vivienda convencional a excepción de los complejos de apartamentos construidos exclusivamente para ese fin; ayuda conjunta de las administraciones a la rehabilitación de vivienda en los centros de las ciudades que están que se caen. Esto no sólo en Menorca, sino que en gran parte del país, que muchas provincias están igual de mal que las islas.
Pues a trabajar, como todos