Ana Loaiza (izquierda) habla con Cristina Gómez en el Parlament.

Ana Loaiza (izquierda) habla con Cristina Gómez en el Parlament.

Elena BallesteroPalma17/09/24 13:38
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Mes y medio después del desalojo forzoso de unas doscientas personas (en su mayoría trabajadores con sus familias e hijos) que pagaban entre 300 y 500 euros por acampar en caravanas y tiendas de campaña en las fincas de Can Rova en Ibiza, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado que el propietario de los terrenos tendrá que pagar una «multa ejemplar millonaria». «El Govern ya tramita el expediente sancionador contra el propietario que alquiló ilegalmente las parcelas», ha dicho. La presidenta garantiza que «con la sanción millonaria no le saldrá a cuenta haberse aprovechado de estas personas vulnerables».

El problema, según explican los afectados, no se acaba con la sanción. Su principal preocupación es que, a pesar del tiempo transcurrido desde la actuación policial del 31 de julio, «buena parte de los desalojados aún está viviendo en la calle». Ana Loaiza, una de las víctimas, ha acudido este martes en representación del grupo al pleno del Parlament en el que Cristina Gómez Estévez (Unidas Podemos) ha exigido responsabilidades a la presidenta Prohens por la «desatención» de las familias.

«En Can Rova vivían familias con contratos de alquiler, incluso había gente empadronada; si antes del desalojo ya eran vulnerables, ahora son vulnerables maltratados por las instituciones, tanto por el Govern como por el Consell y el Ajuntament. ¿Cuánto le importan las familias en una escala de uno a diez?», ha espetado la podemita a la presidenta de Baleares.

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Las imágenes del desalojo masivo con intervención policial del pasado 31 de julio han dado la vuelta al mundo. «Es paradójico que en ‘la isla de lujo’ de Europa estas familias sigan esperando respuestas concretas después de un mes de pérdidas y desamparo. Seguimos sin respuestas y sin que se haya dado una solución. Estamos más calmados y más unidos que nunca para denunciar lo ocurrido», ha dicho Ana Loaiza este martes en el Parlament. «Del Govern no hemos visto soluciones y ya ha pasado un mes y medio. Reclamar, reclamar y esperar es lo único que nos queda porque la mayoría de los desalojados siguen en la calle en asentamientos ilegales», ha añadido.

Los afectados muestran su agradecimiento a todos los vecinos que pasaron por Can Rova a apoyar a las familias «durante los 23 días que transcurrieron hasta que nos echaron a la calle».

Lejos de anunciar una solución para las familias expulsadas de Can Rova, la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha limitado a informar sobre la apertura del expediente sancionador al propietario de los terrenos. Ha culpado además de la situación al gobierno del Pacto de Progreso. «Can Rova nos muestra la peor cara de la situación del acceso a la vivienda en Baleares, situación que es el resultado de ocho años de políticas fracasadas de acceso a la vivienda», ha dicho. «Las imágenes nos golpearon a todos por igual y desde el primer día estuve en contacto con la alcaldesa y con el president del Consell. Me consta que se pusieron todos los recursos y medios para que todas las familias en situación de vulnerabilidad fueran atendidas», ha concluido.