Turistas caminando por el centro de Palma con sus maletas. | Jaume Morey

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Los administradores de fincas de Baleares celebran que el Tribunal Supremo haya arrojado luz sobre la cuestión del alquiler turístico en plurifamiliares y el poder de las comunidades de vecinos para vetarlo. El Pleno de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal dictaminó el lunes que las comunidades de propietarios pueden prohibir esta actividad en sus edificios por una mayoría de tres quintas partes.
«Al menos nos clarifica las cosas», señala Josep Marquet, vicepresidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Baleares, quien valora que con esta resolución «ahora ya sabemos a lo que atenernos y que no hace falta unanimidad».

Así, el Tribunal establece que «el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad (...) requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación». De este modo, se aclara que no es necesaria la unanimidad. Las dos sentencias emitidas en el mismo sentido resuelven la controversia entre las audiencias provinciales, evidenciada en los dos asuntos sobre los que ahora falla el Alto Tribunal y que resolvieron en sentido opuesto, sobre si la prohibición de los alquileres turísticos debe acordarse por esa mayoría cualificada o por unanimidad. La sentencia señala que, atendiendo al criterio gramatical, semántico y a su literalidad, el término «limitar» no excluye la prohibición.

El Colegio de Administradores de Fincas de Baleares se alinea con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), aunque admite más matices sobre los futuros marcos normativos que deben regir el alquiler turístico en plurifamiliares. Así, el presidente de CGCAFE, Pablo Abascal, subraya que «la vida en comunidad no está diseñada para compartirse con actividades turísticas que generan todo tipo de problemas y conflictos, y que tienen muy difícil resolución incluso en la vía judicial, ya que los procedimientos tardan bastante tiempo en resolverse».

Por su parte, Marquet considera que cada comunidad autónoma es un mundo con un ecosistema particular en el que la actividad del alquiler turístico en plurifamiliares puede llevarse a cabo sin problemas de convivencia dependiendo del lugar concreto. «Si se hace en Palma, con casi residentes de clase trabajadora, puede ser una gran molestia para ellos. Pero en Pollença, por ejemplo, donde todo son segundas residencias, no molesta tanto».

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) recriminaba al Govern hace pocas semanas que no hubiera impulsado la prohibición del alquiler vacacional en plurifamiliares en todas las Islas (ahora solo está prohibido en Palma) dentro del saco de medidas urgentes contra la saturación. Por contra, el Ejecutivo de Marga Prohens anunció que se prohibirán las nuevas licencias de alquiler turístico en todas las plurifamiliares de Baleares cuando se levante la moratoria en la concesión de plazas. Por último, el Consejo General destaca que la sentencia vea como «un abuso» que el propietario imponga al resto de propietarios una actividad comercial «que contrasta con la naturaleza residencial del edificio».