La Sindicatura de Comptes reprocha al anterior Govern su inacción en el 'caso Koldo'

El órgano de control de las cuentas de la Comunitat hace una cronología de todo el proceso, desde el 26 de abril del 2020, fecha en la que se emite la factura con el pago de 3,7 millones de euros en la fecha en la que se reciba el material –al día siguiente–, hasta el 31 de marzo de 2024, cuando el director del IB-Salut, Javier Ureña, inicia el procedimiento para que se declare nulo el contrato.

«De todo el procedimiento anteriormente descrito destaca la inacción de los responsables del Servei de Salut desde que se tuvo conocimiento de que los materiales suministrados no presentaban los requerimientos de protección contratados», destaca el informe de la Sindicatura. De hecho, los ‘síndics’ inciden en todo momento en que el Govern firmó un contrato para la compra de mascarillas FFP2 pero llegaron otras diferentes. El informe reseña que el Govern supo que las mascarillas no cumplían estos requisitos y «pese a ello» el subdirector de Compres i Logística del Servei de Salut emitió un certificado de que el contratista había realizado los suministros «de manera satisfactoria».

La Sindicatura no entra a valorar la revisión del cumplimiento de legalidad de esta contracción de emergencia en 2020 porque, según dice, «no forma parte del alcance de este informe». El documento concluye que las cuentas del año 2022 del Govern reflejan la realidad contable del año «con algunas excepciones», entre las que se encuentra el caso de las mascarillas.

En el informe entregado al Parlament hay más referencias a la situación contable de la Comunitat derivada de la COVID. Advierte el Ejecutivo que no ha tenido en cuenta que existe un riesgo económico para la Comunitat de al menos otros 11,6 millones más de euros. Por una parte, son sanciones a empresas y ciudadanos que se impusieron ese año por incumplimientos de las medidas restrictivas impuestas durante la COVID. La Sindicatura dice que el Govern tiene contabilizados unos ingresos por valor de 1,6 millones en reclamaciones administrativas que muy probablemente no cobrará nunca.

Por otro lado, el informe del órgano de control también avisa de que hay riesgo para la Administración del pago de otros 9,9 millones de euros correspondiente a reclamaciones de empresarios que piden el pago de ayudas COVID que se les denegaron en su momento. A estas amenazas financieras para la Comunitat se suman otros 1,3 millones de euros, que son la exigencia de responsabilidades a la Administración por perjuicios que sufrieron durante la pandemia como consecuencia de las decisiones restrictivas que se tomaron en ese periodo. Los síndicos piden al Govern en su informe del año 2022 que incluya esas amenazas en sus cuentas ante la posibilidad de que los tribunales emitan sentencias contrarias a los intereses de la Comunitat.