La asociación Veritas pide en la Audiencia Nacional que Iago Negueruela declare como testigo en el 'caso mascarillas'

En el escrito, al que ha tenido acceso Ultima Hora, se indica que: «Visto el estado de las presentes diligencias, al amparo del artículo 311 de la LECRIM y dado que de lo investigado hasta la fecha se desprende que los hechos delictivos perpetrados por la trama no solo se centra en contratos públicos relativos a las mascarillas, sino que también abarcan las pruebas PCR-Antígenos, como consta en el informe de la UCO, consideramos que para el correcto esclarecimiento de los hechos, es necesario, útil, pertinente la citación como investigadas tanto de la Presidente del Congreso de los Diputados, Sra. Francesca Lluc Armengol Socías, ex presidenta de las Islas Baleares, como de la Sra. Patricia Gómez Picard, exconsejera de Salud de las Islas Baleares, ya que se desprende, de manera indiciaria, que pudieron tener participación en favorecer contrataciones públicas con la empresa Megalabeurofins, y en definitiva a la trama, interesando como investigadas y no como testigos».

Veritas añade que «los hechos, por los que se solicita investigación, se enmarcan en las irregularidades observadas en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la realización de pruebas PCR durante la pandemia de COVID-19, en la Comunidad Autónoma de Baleares. El informe de la UCO revela una serie de comunicaciones y gestiones realizadas entre funcionarios públicos, políticos y supuestos empresarios que indician la existencia de conductas ilícitas».

A continuación, aluden al papel de Koldo García en la trama: «En dichas comunicaciones, Koldo García Izaguirre, actuó como intermediario para facilitar la contratación de la empresa Soluciones de Gestión y Megalab, entre otras, mercantiles que obtuvieron a la postre contratos públicos millonarios gracias a las influencias políticas del Koldo, y la connivencia directa de Francina Armengol (entonces presidenta de Baleares) y Patricia Gómez (consejera de Sanidad de Baleares)».

Según el letrado Eduardo Luna, en nombre de Veritas, «este esquema parece indicar que Megalab pudo acceder a contratos de negociado sin publicidad en detrimento de los principios de transparencia y libre concurrencia que deben regir la contratación pública, lo que puede haber constituido posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública, por no mencionar los que ya se están investigando sobre la empresa Soluciones de Gestión que se celebraron con un absoluto desprecio del procedimiento administrativo, dañando gravemente a las arcas de la CC.AA y de los ciudadanos de baleares, en unos momentos trágicos, como fue la pandemia».

«De las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil queda claro, que tanto la Sra. Armengol como la Sra. Gómez pudieron haber influido en la concesión de contratos a Megalab, en concertación
con Koldo García Izaguirre. Los indicios sugieren que la concesión de contratos a Megalab fue facilitada mediante procedimientos de negociado sin publicidad, lo que permite inferir que se actuó en contra de los principios de legalidad y transparencia. La relación entre Koldo y los actores
funcionarios implicados, las declaraciones efectuadas por la Sra. Armengol en las comisiones
de investigaciones no hacen más que reforzar los indicios que hoy consideramos suficientes como
para proceder a su citación como investigada, mismo argumento se puede predicar de la Sra.
Gómez quien ha faltado a la verdad de la misma forma en sus declaraciones», sostiene Veritas.

Por todo, la asociación considera que «debe citarse como testigo al Sr. Iago Negueruela ex
conseller Modelo Económico, Turismo y Trabajo del gobierno balear, toda vez que durante el
tiempo de la pandemia en las Islas Baleares actuaba como coordinador y responsable de todas
las iniciativas que se acordaban en el seno de la crisis sanitaria, siendo según algunos medios de
baleares el hombre fuerte del gobierno de Armengol, en consecuencia a buen seguro,
conocedor de las reuniones, tratos y contactos que debieron de producirse, así como de los
contratos adjudicados en el seno de su competencia como ex conseller de modelo económico».