Los seis acusados en el procedimiento esperan ya sentencia. El juicio arrancó a finales de septiembre y solo quedaban pendientes las conclusiones e informes, presentadas ayer. | J.J.Guillen

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La Audiencia Nacional dejó visto para sentencia el segundo juicio a la cúpula de Sa Nostra. La Fiscalía y la Abogacía del Estado mantuvieron intacta su acusación que implica la petición de una pena de cuatro años de cárcel para dos exdirectores generales de la entidad, Pau Dolç y Pere Batle y dos para el que era presidente de la extinta entidad, Miquel Alzamora. También se mantiene la petición de cárcel contra dos directivos de la entidad y para el responsable de la empresa Sotohermoso.

Para Anticorrupción y la Abogacía del Estado, en representación del fondo de reestructuración bancaria (FROB), las operaciones de financiación a la inmobiliaria Sotohermoso suponen un delito de apropiación indebida y otro de administración desleal. Ponen el foco en la falta de control de riesgos por parte de la entidad a la hora de entregar fondos a Sotohermoso, una sociedad de la que formaba parte también Invernostra, la división de Sa Nostra dedicada a participar en otras empresas.

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Uno de los puntales en los que ambas acusaciones han insistido durante todo el juicio es en la firma, en el año 2008, de una opción de venta que obligaba a Invernostra a adquirir la totalidad de Sotohermoso en un plazo de tres años y que se ejecutó en 2011. A cambio de la venta, los socios de la caja se deshacían de sus obligaciones y garantías para los préstamos. Para las acusaciones fue un trato de favor claro y una operación que perjudicaba a Sa Nostra. Las defensas lo interpretan como la única vía para intentar obtener rendimientos de la inversión a la vez que se evitaba un posible concurso de acreedores de una sociedad participada en plena crisis económica.

Los abogados de los directivos de Sa Nostra también pusieron el foco durante sus informes en que las entregas de préstamos y otras fórmulas de financiación a Sotohermoso se prolongaron más allá de la disolución de Sa Nostra dentro de BMN, cuando las decisiones no las tomaban ya los acusados.
La Fiscalía y el FROB reclaman más de veinte millones de euros a los acusados y calculan que las diferentes operaciones provocaron un importante agujero patrimonial en Sa Nostra que luego tuvo que ser financiado por el Estado. Las acusaciones se basan en gran parte en la inspección llevada a cabo por el Banco de España a la entidad. De hecho, las sesiones en las que se interrogó a los inspectores fueron las más tensas del juicio. El primer procedimiento en torno a Sa Nostra, centrado en la financiación a Martín Gual, terminó en una sentencia absolutoria.