La compañía ha respondido de esa forma a la consulta pública abierta por el Ministerio de Vivienda, expresando su preocupación por el real decreto con el que se pretende abordar la crisis de la vivienda e introducir nuevos requisitos que «complicarán aún más las tareas administrativas de aquellas personas que quieran compartir sus hogares».
Airbnb considera que esta propuesta «se desvía del propósito original de la UE», ya que esta quiere elaborar normas locales específicas y proporcionadas. Estas, según recuerda Airbnb, establece 'Puntos Únicos de Entrada' que recibirán los datos de los diferentes agentes y aseguran la alineación técnica entre los gobiernos y las plataformas, lo que considera una oportunidad para acabar con las normas «locales fragmentadas y desproporcionadas».
Por otro lado, hace énfasis en que implementar normativas desproporcionadas para los alquileres de corta duración puede «perjudicar a la industria y alejar a las familias locales de los beneficios del turismo», especialmente en zonas rurales, donde el hospedaje es, en algunos casos, «un salvavidas económico para la familias». En este sentido, destaca que los anfitriones en Airbnb ayudan a extender los beneficios del turismo más allá de los hoteles y los dispersan hacia comunidades locales en todo el país.
Con todo, Airbnb ha reafirmado su compromiso para trabajar junto al Gobierno de España, las regiones y municipios para garantizar una legislación que permita el bienestar económico de los anfitriones, la preservación de las comunidades locales y prácticas turísticas responsables, al mismo tiempo que facilitará el registro de los anfitriones españoles y el cumplimiento de normas proporcionadas.
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Estamos en muy buenas manos, las de lo mejorcito de cada casa.