Hacienda intentó cobrar 2,5 millones a Serveis Ferroviaris tras una inspección

El acuerdo de Hacienda ha tenido que llegar hasta la Audiencia Nacional para ser anulado y ha contado con la conformidad de la Abogacía del Estado, después de que se resolvieran varios casos en otras comunidades que eran similares y en los que también se intentaba cobrar impuestos por transferencias a operadores de transporte. Tras recibir la liquidación, Serveis Ferroviaris, presentó un recurso contra el Tribunal Económico-Administrativo Central que mantuvo la obligación del pago. Esa resolución consideraba que las transferencias del Govern a SFM son un contraprestación por los servicios de transporte ferrorivario y, por lo tanto, forman parte de la base imponible del impuesto de valor añadido.

SFM planteó un recurso ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional y ahí es donde se han producido el cambio de criterio de la administración central, después de varias sentencias del Supremo dictadas el pasado mes de marzo. Según el criterio fijado por el Alto Tribunal, las transferencias a empresas que gestionan el transporte público, no son un pago, sino subvenciones para sostener un servicio público esencial, un criterio que también mantenía la Audiencia Nacional en varias sentencias dictadas con anterioridad.

Con ese criterio, la Abogacía del Estado se allanó al recurso presentado por SFM y no planeó ninguna discusión, lo que ha llevado a una sentencia que exime del pago del impuesto. El fallo señala que son subvenciones que tienen como finalidad «compensar los costes que el mercado no puede repercutir a los usuarios y son la consecuencia de la necesidad de financiar el servicio general de transporte público que se encomienda al operador, por lo que cuando están destinadas a cubrir su déficit no constituyen operaciones sujetas a IVA».