Vista aérea del municipio de Palma. | plozano

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El plan de alquiler seguro del Govern arranca con unas enormes expectativas entre los inquilinos y un moderado interés entre los propietarios de viviendas vacías. José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, detalla que las agencias ya han recibido cientos de mensajes de personas interesadas en poder alquilar alguno de los pisos que saldrán al mercado un 30 % más baratos que el precio de mercado.

Por lo que respecta a los propietarios de las viviendas, Artieda explica que ya han recibido peticiones de información de unos posibles 50 arrendadores que tienen sus pisos vacíos y están dispuestos a alquilarlos. «Comienza a haber interés entre los propietarios de los pisos vacíos», señala Artieda. Asegura que no hay que minimizar el hecho de que la oferta de propietarios interesados haya sido de medio centenar y, por comparación, pone como ejemplo que, en estos momentos, él solo tiene disponible un inmueble en alquiler.

La expectación que ha levantado el programa entre los inquilinos ya empujado al Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Balears, que actúan como entidades colaboradoras, a crear una especie de bolsa de inquilinos para que los interesados se apunten. La idea es que puedan hacerlo a través de una herramienta informática que se pondrá en marcha de inmediato. La intención era que estuviera operativa ayer mismo, pero problemas informáticos han obligado a posponer su puesta en marcha muy probablemente hasta mañana miércoles.

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A pesar de las críticas que ha suscitado la puesta en marcha de este plan por parte de la oposición, Artieda cree que puede funcionar para que ciudadanos de rentas medias accedan a un piso de alquiler. El precio máximo de alquiler será de 1.500 euros en Mallorca de los que el Govern pagará 450 lo que supone que la renta que abonará el inquilino será de 1.050 euros.

Artieda admite que ayudará a resolver un problema de acceso a la vivienda que persiste y que se agrava conforme pasa el tiempo. De hecho, recuerda que la lista de espera para acceder a un piso del Ibavi llega casi a 5.000 solicitudes y que los promotores han calculado que en las Islas se necesitan en torno a las 20.000 viviendas ante el aumento de la población. La previsión del Govern es que este plan saque al mercado unos 2.000 pisos que ahora están vacíos y además sostiene que esa limitación en los precios puede tener un efecto arrastre: si no bajan los precios, al menos que sigan subiendo al nivel al que lo han hecho durante todos estos años.

El Govern cree que parte de los propietarios que ahora no quieren alquilar sus pisos puedan cambiar de opinión ya que el Govern es la garantía de que el piso volverá a sus manos en las mismas condiciones en las que la dejó y que, además, no sufrirá impagos. De hecho, el plan establece la posibilidad de que los propietarios cobren el alquiler mes a mes, que agrupen los pagos de un año o incluso que cobren de golpe el dinero de los siete años que estará en marcha el plan. Los responsables de la Conselleria creen que estas garantías harán que propietarios que no se atreven a alquilar lo hagan ahora aunque ello suponga una moderada rebaja en el precio del alquiler.

El apunte

El SUP y AUGC piden un cupo de pisos del programa ‘Buid to rent’ para los agentes

Los secretarios generales del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) pidieron este lunes al Govern que reserve un cupo de viviendas destinadas a policías y guardias civiles dentro del programa ‘Build to rent’. El programa prevé la cesión de suelo público a los promotores para que construyan vivienda y la destinen al alquiler y el Govern calcula que, en Mallorca, saldrán al mercado unos 1.800 pisos.    Los representantes de estos dos sindicatos se reunieron ayer con el conseller d’Habitatge, José Luis Mateo, quien se comprometió a analizar esta petición. Los miembros del SUPy de AUGC expusieron al conseller que esta medida podría ayudar a evitar la fuga de agentes desde Balears a otros destinos ante las dificultades para encontrar una vivienda a precios razonables en las Islas.