Manifestación contra la saturación turística del 21 de julio en Palma, que reunió a unas 20.000 personas. | P. Pellicer

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El Fórum de la Societat Civil continúa con su hoja de ruta para tratar de alcanzar consensos con el sector turístico que contribuyan a definir estrategias conjuntas contra la masificación. Por lo pronto, la entidad ciudadana ha acercado posturas en torno a ciertos puntos con el sector hotelero y ambas partes confían en poder anunciar propuestas bilaterales antes de las próximas fiestas navideñas.

Los representantes del Fòrum -plataforma que agrupa a una treintena de entidades entre organizaciones no gubernamentales, asociaciones ciudadanas, colectivos ecologistas, sindicatos o federaciones vecinales- se han estado reuniendo con hoteleros y turoperadores desde el pasado mes de agosto, con la intención de tender puentes que ayuden a reformular el modelo de crecimiento económico y minimizar las externalidades negativas de la actividad turística.

Así, se han celebrado ya varias reuniones tanto con el gigante alemán de la turoperación, TUI, como con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM). También se han producido encuentros con la patronal internacional de cruceros (CLIA) y con grandes cadenas hoteleras mallorquinas, como es el caso de RIU, cuyos dirigentes llevan años erigiéndose como un altavoz de alerta dentro del sector contra los riesgos de la masificación turística. Asimismo, se han producido también contactos con Iberostar y con Melià y se espera poder celebrar reuniones oficiales en breve.

Por otro lado, todos los acuerdos que sociedad civil y sector privado puedan ir alcanzando se pondrán sobre la mesa del Pacte per la Sostenibilitat liderado por el Govern Prohens: la idea del Fórum es que estos procesos de diálogo funcionen como un espacio de debate paralelo ante la desconfianza que les genera la iniciativa del Ejecutivo autonómico, sin perjuicio de que sus frutos puedan ser aprovechados también por el propio Pacte: todos los avances que se produzcan en sus contactos con hoteleros y resto del sector turístico facilitará el trabajo de la supermesa de Prohens, a la que acusan, entre otras cosas, de lentitud y falta de rigor metodológico.

«Pensamos que era bueno que nos conociéramos y que pudiéramos hablar, más allá de lo que suceda dentro de las reuniones con el Govern», señala uno de los portavoces de la plataforma, Jaume Garau, de la asociación Palma XXI. En ese sentido, insiste en que un diálogo avanzado entre ambas partes «le pondrá las cosas más fáciles a la Administración», ya que ahorrará tiempo y trabajo en las reuniones del Pacte (el Fòrum participa en nueve de los doce grupos de trabajo). Por lo pronto, los diferentes encuentros mantenidos a lo largo de estos últimos meses han servido para generar espacios de entendimiento. «Hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo», señala Garau para subrayar que «la transición económica debe ser un proceso en positivo en el que nadie debe perder».

También indica que tantos grandes como pequeñas empresas hoteleras les han demostrado estar «concienciadas» sobre el problema, lo que ha facilitado alcanzar unos acuerdos que esperan poder plasmar en papel en las próximas semanas. Con todo, el plan de trabajo del Fórum no prevé detenerse aquí. La intención es seguir manteniendo contactos con el sector turístico, incluidas entidades como Exceltur, la Alianza para la Excelencia Turística, el lobby empresarial integrado por nombres punteros del sector en España que preside el CEO de Melia, Gabriel Escarrer, y que incluye a empresas como Iberostar, RIU, Grupo Piñero, Balearia, Ok Mobility o HBX Group.

Permanencia en el Pacte

Por otra parte, la reunión que celebrará el Fòrum de la Societat Civil el próximo 25 de noviembre dictará sentencia sobre su futuro en el Pacte per la Sostenibilidad del Govern. La entidad se ha mostrado muy crítica con el funcionamiento de este foro de debate, al que achacan «falta de rigor, coherencia y transparencia, además de deficiencias metodológicas y técnicas, y una sobrerrepresentación del sector turístico en detrimento de las entidades cívicas». Unas quejas que reunieron en un documento que remitieron a la presidenta Marga Prohens y en el que advertían de que de no producirse mejoras abandonarían los grupos de trabajo.