La entidad ha advertido en un comunicado de que, mientras la aprobación de la ley se retrasa en el Parlament por discrepancias en su contenido, precisamente en relación con las zonas inundables, el decreto ley del Govern permite tramitar la legalización de construcciones ilegales situadas en áreas inundables. El GOB exige a los ayuntamientos que están recibiendo solicitudes su paralización urgente por «los graves riesgos que conlleva».
Exigen una suspensión cautelar de los expedientes que ya están en trámite o se hayan resuelto, al menos hasta que exista una resolución clara de las determinaciones del proyecto de ley y hasta que se apruebe definitivamente la revisión de la delimitación de las áreas inundables o potencialmente inundables.
Detallan que, sólo en Palma, ya se han presentado nueve solicitudes de legalización de grandes construcciones unifamiliares, y al menos dos de ellas se encuentran en una zona potencialmente inundable de acuerdo con la cartografía del Plan Hidrológico de Baleares. El GOB señala que, tras la tragedia de Valencia, el Govern del PP se ha abierto a prohibir nuevas edificaciones en suelos inundables, pero no a paralizar la legalización de las ya construidas, algo que tilda de «una irresponsabilidad más de un Govern que no se toma en serio la emergencia climática y sus terribles consecuencias».
Los ecologistas advierten además de que el Govern promueve una revisión de la delimitación de las zonas inundables y potencialmente inundables, «que ya están delimitadas en Baleares», por lo que alerta de que dicha revisión sea «para reducir los límites de las zonas inundables allá donde haya conflictos de intereses». El GOB pide que, si se hace una revisión de zonas inundables en Baleares, el Govern tenga en cuenta que los enormes volúmenes de lluvia, como los caídos en Valencia, pueden ser cada vez más frecuentes, de acuerdo con las indicaciones científicas.
Según la entidad conservacionista «estas áreas de riesgo deberían tender a crecer y no a reducirse», una circunstancia que debería ir acompañada de una moratoria de nuevas construcciones y de la legalización de zonas dentro o cercanas a los espacios hoy marcados como inundables. El GOB denuncia además que, aunque la Ley de Energía y Cambio Climático dicta que el Consejo Balear del Clima debe reunirse dos veces al año, el Govern no lo ha convocado en todo lo que va de legislatura.
La entidad ha recordado que el Comité de Expertos en Cambio Climático de las Islas Baleares, órgano colegiado que asesora al Govern en esta materia, ya ha pedido frenar este proyecto de ley «por el impacto negativo que puede tener en los retos sobre el cambio climático». El GOB reclama que las instituciones públicas «abandonen el negacionismo climático, dejen de legislar para favorecer el negocio inmobiliario-especulativo, y que los ayuntamientos den un paso firme para evitar situaciones de inseguridad jurídica y riesgos para vidas humanas».
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