Felipe Elvira, junto a su abogado, José Antonio Choclán.

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Felipe Elvira, el empresario que obtuvo el contrato para explotar el puerto de Calanova niega que comprara al socio de despacho de Carlos Delgado las acciones de la sociedad Port Olímpic como contraprestación por amañar el concurso. El acusado intentó justificar los motivos del pago de 700.000 euros a dos de los abogados que se sientan en el banquillo. En primer lugar, negó que fuera esa cantidad, sino que la rebajó a 400.000 euros. En segundo dijo: «Si me presionan un poco hubiera pagado más».

Elvira señala que poco después de que la empresa ganara el concurso había que constituir un aval y ampliar el capital, lo que implicaba un notable desembolso económico y que los socios, tanto él, como el abogado Carlos Gelabert, no disponían de esa cantidad. A ese contexto se sumaba que el actual socio de despacho de Delgado controlaba la sociedad porque era el administrador. En esa situación, Elvira sitúa las negociaciones que, según la Fiscalía hicieron que Gelabert y el abogado López Hinojosa ganaran 700.000 euros en apenas cinco meses.

Sobre el origen de esa asociación, Elvira señala que llegaron a través de otra persona y que le venía bien alguien con conocimientos jurídicos. Sí que le atribuye el papel a Gelabert de haberse encargado de toda la tramitación del concurso y, por tanto, haber conseguido la adjudicación del concurso.
Antes que Elvira había declarado la mano derecha de Delgado durante todo el procedimiento de adjudicación, el secretario general de la Conselleria de Turisme, Joaquín Legaza. En un larguísimo interrogatorio intentó justificar el principal punto negro del proceso: por qué Port Olímpic hizo una oferta un 25 por ciento superior al resto de empresas e incorporó en su proyecto amarres para embarcaciones de más de 15 metros. El resto de empresas entendieron, tras consultar con la Conselleria que no se podía alterar el cuadro de amarres aunque se hicieran obras con posterioridad. Legaza sostiene que sí se podía y que lo contrario es una «interpretación muy simplista» de las bases. En su declaración, de forma reiterada aludió a que la Abogacía de la Comunitat avalaba ese criterio y que, aunque había discrepancias, estas «fueron rebatidas».

El principal informe contrario lo emitió la jefa jurídica de Ports de Balears. Legaza critica su informe que llegó ante los recursos de reposición planteados por las empresas que habían perdido. «Nadie se lo pidió y mire la que ha liado con su criterio. Todo el proceso fue muy garantista».
Ante las dudas de si el consejo de administración conoció ese informe, Legaza dijo que él mismo no lo conocía en ese momento y negó que mintiera para que saliera el concurso.

«Al señor Delgado no le molestaba yo con los expedientes»

El entonces secretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza, desmarcó al conseller Carlos Delgado. «No le molestaba yo con los expediente». Limitó el papel del máximo responsable político encausado al de haber dado la instrucción de que el proceso primara el dinero y los criterios objetivos. Atribuyó a un error haber informado al consejo de administración que eran dos las empresas que planteaban alterar los amarres y no solo una e insistió en que siempre se facilitaba toda la información para que se pudiera decidir.