El juez cierra la instrucción a Le Senne (Vox) por romper fotos de víctimas del franquismo en el Parlament

El incidente tuvo lugar en junio durante un tenso debate parlamentario sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Le Senne desgajó «accidentalmente» las imágenes de las activistas republicanas fusiladas en 1937, exhibidas por las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, miembros de la mesa.

Plazo de diez días

El juez instructor del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado en una providencia un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas informen sobre la continuación de este presunto caso, según confirman fuentes cercanas al procedimiento.

La denuncia fue impulsada por la Asociación Memòria de Mallorca y las familias de Aurora Picornell y Antònia y María Pascual, activistas republicanas fusiladas por falangistas en la noche de Reyes de 1937 junto a otras dos jóvenes represaliadas.

Tras prestar declaración durante casi una hora ante el juez el pasado 27 de septiembre, Le Senne opinó ante la prensa que este caso no tenía recorrido. Aseguró que hubiera actuado de la misma forma si se hubiera tratado de una fotografía de Francisco Franco, con el fin de aplicar el reglamento de la cámara. Sin embargo, para las acusaciones, el gesto del presidente del Parlament resultó «gravemente» hiriente para los familiares de las víctimas y un desprecio a su dolor.

Contexto histórico: represión franquista en Mallorca

Durante la Guerra Civil española (1936-1939), Mallorca quedó bajo control de los sublevados franquistas desde el inicio del conflicto. Se desató una fuerte represión contra los partidarios de la República, entre ellos activistas y militantes de izquierdas.

Uno de los episodios más conocidos fue el fusilamiento de la sindicalista Aurora Picornell y otras cuatro mujeres, conocidas como «Las Rojas del Molinar», en la noche del 5 al 6 de enero de 1937. Sus cuerpos fueron abandonados en una cuneta del cementerio de Porreres. Desde la recuperación de la democracia en España, asociaciones de memoria histórica y familiares de las víctimas han luchado por recuperar sus restos, dignificar su memoria y obtener justicia. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 supuso un avance en este sentido, aunque su aplicación sigue generando controversia política.