Condenadas

Las dos mujeres, asistidas por el abogado Vicente Campaner, asumieron los hechos tras una notable rebaja de la petición inicial de la Fiscalía, que llegaba a los ocho años para la madre.

Víctor MalagónPalma18/12/24 12:15Actualizado a las 17:04
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La empleada del Govern acusada de manipular un proceso selectivo para conseguir una plaza para su hija ha aceptado una condena de dos años y cinco meses de cárcel tras un acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía de la Comunitat y su defensa. En el mismo pacto, la beneficiaria de la plaza recibe una condena de medio año de cárcel. Las penas de ambas serán suspendidas y el efecto práctico será su inhabilitación y el pago de sendas multas de un total de 2.500 euros. Las acusaciones reconocen una atenuante muy cualificada para ambas por dilaciones en la causa, dado que los hechos ocurrieron en 2017.

La principal acusada accedió a una plaza como interina en la Fundació d'Atencio i Suport a la Dependencia y accedió al aŕea de recursos humanos de esta entidad. En el año 2018 se convocó una plaza de auxiliar administrativa para este organismo y le fue encargado ser la secretaria de la comisión técnica que tenía que evaluar a los candidatos a ese puesto. Su hija se presentó y pese a eso, no solo no se abstuvo del proceso sino que inició una serie de maniobras para garantizarle la plaza. La más burda fue acceder al archivo informático en el que estaban las puntuaciones de todos los aspirantes. La alteró y puso un cero a todos los que no eran su hija en la nota de una entrevista personal que decantaba la plaza.

Además, la madre aprovechó que una década antes había gestionado una serie de pisos de acogida en Palma a través de una empresa para elaborar una serie de certificados falsos que justificaban unos méritos de los que su hija carecía tales como cursos o experiencia laboral. La aspirante los presentó al procedimiento de selección. Junto a lo relacionado con el amaño del concurso para la plaza, la madre también ha admitido otro delito más por presentar documentos falsos para acreditar que tenía derecho al cobro de ciertos trienios y engrosar así su nómina.

De esta manera la madre ha sido condenada por un delito continuado de falsedad, prevaricación y fraude a la administración a dos penas, una de un año y cuatro meses y otra de un año y un mes. Al quedar ambas por separado por debajo de los dos años ha podido optar a la suspensión del ingreso en prisión a cambio del pago de una multa y con la condición de que no cometa ningún delito en el plazo de tres años. En el caso de la hija hay un único delito con una pena de seis meses y la suspensión está condicionada a no delinquir en dos años.