Escaner de iris

Escáner de iris, una práctica que se puso de modo y que entraña riesgos. | Redacción Local

Europa PressMúnic21/12/24 18:46
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La autoridad de protección de datos de Baviera (Alemania) ha adoptado una resolución que obligará a World, antes conocida como Worldcoin, a borrar todos los datos relacionados con los iris que escaneó durante meses a cambio de criptomonedas en muchos puntos de España, también en Mallorca y el resto de Baleares. De esta forma, la Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) ha dado la razón a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que impuso de manera cautelar a World el cese de todas sus operaciones en España «ante los indicios de graves incumplimientos, para evitar daños potencialmente irreparables y proteger los derechos de los ciudadanos».

El organismo de Baviera, donde la compañía mantiene su base de operaciones en Europa, ha ordenado la eliminación de todos los iris almacenados, dado que no se han se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para el tratamiento de los datos biométricos. En este sentido, se ha instado a que el manejo futuro de iris se realice sobre la base del consentimiento explícito del interesado. Además, se deberá incluir el derecho a la supresión de los datos.

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La resolución de la BayLDA ha constatado también que World no implantó los protocolos pertinentes para abordar el tratamiento de datos de menores, lo que será objeto de una nueva investigación aparte. El regulador germano ha previsto una serie de multas en caso de que World incumpla con las medidas decretadas, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan por los incumplimientos pasados en materia de protección de datos personales.

El dictamen de la BayLDA es vinculante a nivel europeo al haber sido adoptado de forma coordinada con todas las agencias nacionales de protección de datos implicadas. Por su parte, la propietaria de World, Tools For Humanity (TFH), ha anunciado a través de su director legal y de privacidad, Damien Kiera, que apelará la decisión para «buscar claridad judicial sobre si los procesos y, en particular, las tecnologías de mejora de la privacidad implementadas a nivel mundial cumplen con la definición mundial de anonimización de la UE».