Nueva 'app' para alertar de agresiones de alumnos en Baleares

Según ha explicado en una rueda de prensa el conseller del ramo, Antoni Vera, esta es una de las principales herramientas a disposición del personal docente que incluye el nuevo protocolo de actuación en casos de agresiones en los centros presentado este viernes. La aplicación, a la que se puede acceder desde la intranet que emplean los docentes, permite que las propias víctimas o un testigo alerte de agresiones --físicas, verbales o incluso sexuales--, abusos, intimidaciones, coacciones o amenazas sufridas tanto dentro, como fuera de las instalaciones educativas.

Desde su puesta en marcha en noviembre se han abierto protocolos por 12 casos de agresiones, todos ellos ocurridos en centros de Mallorca, nueve de educación primaria y otros tres de secundaria. Con el nuevo protocolo, elaborado por el servicio de prevención de riesgos laborales de la Conselleria en colaboración con las organizaciones sindicales, se ha redactado en cumplimiento del acuerdo marco de medidas para la mejora de la enseñanza de 2023. Además, ha detallado Vera, con él el servicio de prevención de riesgos laborales ha integrado el riesgo de agresión en la evaluación que realizan en los centros educativos, que hasta ahora no se contemplaba.

«El objetivo final es reforzar el compromiso con la seguridad, la protección y el bienestar de los docentes en Baleares. Uno de los grandes trabajos que tenemos por delante en 2025 es llegar a un gran acuerdo de dignificación de la función docente», ha señalado el conseller.

Según ha explicado uno de los artífices del protocolo, el hasta ahora --pues se ha jubilado recientemente-- jefe del servicio de prevención de riesgos laborales, Rafel Castell, cuando un docente notifique una de estas agresiones a través de la aplicación se redirigirá a los servicios jurídicos de la Conselleria. Éstos, a su vez, trasladarán la información al servicio de prevención, a la inspección educativa y a los delegados de prevención. Una vez estudiado el caso, ha incidido, se decidirá qué acciones se pueden llevar a cabo.

En el caso de que sea necesario, podría intervenir la Abogacía autonómica. Además, el protocolo también contempla medidas más inmediatas, como la intervención de la inspección educativa para decidir si se expulsa al alumno agresor o se le cambia de aula o de centro. «Esta decisión se debe tomar en días, no se puede dilatar en el tiempo. Otra cosa es el proceso jurídico o administrativo posterior», ha puntualizado Vera.

También establece el procedimiento que los docentes deben seguir en el momento inmediatamente posterior a ser víctimas de algunos de estos tipos de agresiones, tanto a nivel médico, como psicológico. Los servicios jurídicos, además, les orientarán para determinar si es necesario interponer una denuncia ante las fuerzas de seguridad. Vera, en cualquier caso, ha negado que se pueda hablar de un «ambiente violento» en los centros educativos de Baleares ni de que se trate de una problemática al alza, aunque sí de episodios de «conflictividad» en algunos de ellos. «Cada vez los centros que han tenido más casos están bajando los niveles de conflictividad, que es lo importante», ha subrayado.