El PSIB, en desacuerdo con la evaluación del Gobierno de la legalización de viviendas en rústico

Garrido ha aseverado que las resoluciones de la comisión «no avalan nada [en referencia a la legalización en rústico]», puesto que tienen un carácter «estricta y puramente técnico». En ese sentido, ha aclarado que, en esta comisión, el Gobierno ha evaluado el decreto ley presentado inicialmente por el Govern y solo habría tenido en cuenta «un punto» que afecta a esta legalización. De este modo, ha apuntado que hay «más aspectos» que se tendrían que ponderar y ha recalcado que la Ley de Simplificación Administrativa es «mucho peor» que el decreto inicial, por lo que ha avanzado que las formaciones de izquierdas todavía sopesan la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad.

La parlamentaria socialista ha puesto el ejemplo del silencio administrativo para la concesión de licencias de obras, punto que se habría introducido en su tramitación como proyecto de ley. «Las licencias de obras no se pueden dar por silencio administrativo, algo sobre lo que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en multitud de sentencias, pues ahora se da una legalización, que equivale a una licencia de obras, por silencio positivo», ha reprochado.

Garrido ha mostrado de esta manera el posicionamiento en contra del PSIB a la legalización de inmuebles en el suelo rústico, algo que, a su juicio, se ha hecho mediante una ley que es «la mayor estafa del PP» a los ciudadanos de Baleares. La diputada ha lanzado estas acusaciones porque en la tramitación de la ley se haya posibilitado ampliar el plazo de legalizaciones, mientras que el Govern justificaba la norma en que era para «gente con edificaciones fuera de ordenación, que si no hacía obras se le iba a caer el techo».

Por eso ha criticado al PP que, en lugar de «darles una salida», la solución que ha buscado es «darles un mayor aprovechamiento urbanístico y económico en suelo rústico» y «favorecer a los infractores». Igualmente, ha reprochado al Govern que esta ley invalide los acuerdos de los Consell insulares que posibilitaban estas legalizaciones desde la aprobación del decreto -en junio de 2024- y empiece a contar el periodo en que se ratificó nuevo texto legislativo -diciembre de 2024-, por lo que las instituciones insulares deben dar el visto bueno otra vez a la aplicación de esta norma. Garrido ha criticado que el PP «regale» nueve meses más a los infractores fruto de la «chapuza» legislativa del Govern, puesto que ha reivindicado que esta norma representa un «ataque al territorio».

Ante esta situación, ha planteado sus dudas sobre los expedientes de regularización que han entrado en los Ayuntamiento desde junio de 2024, al mismo tiempo que ha resaltado el «caos» y la «inseguridad jurídica» que ha generado esta ley en los servicios urbanísticos municipales. En la misma línea, la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha manifestado que esta norma ha creado «confusión» en las corporaciones locales, motivo por el que ha anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo.

Por otro lado, ha reprochado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que «no ejerza» una de sus competencias como es la ordenación territorial y el urbanismo, por lo que ha pedido un «marco homogéneo» para toda la isla porque, en su defecto, se tratará de manera diferente a cada municipio. Para Cladera, esta ley es una «imposición» de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a los Consells insulars, que ahora tiene «paralizados» a los técnicos de urbanismo hasta que se establezcan los criterios de legalización. Garrido ha aclarado que los ayuntamientos «no tienen capacidad» para impedir la legalización de viviendas en rústico y lo único que podrán hacer será «establecer condicionantes», algo por lo que ha pedido a los Consells insulares que no convaliden esta norma y que quien quiera hacer obras para reparar sus edificios, las haga mediante el procedimiento de obras de fuera de ordenación.