El GOB, una de las entidades que en su día interpuso un recurso contra el establecimiento hotelero, ha informado este martes de la resolución judicial, que no cierra la puerta a que las instalaciones puedan ser empleadas ahora para los usos para los que dispone de permisos.
Según ha indicado la entidad ecologista en un comunicado, el Botel Alcudiamar no cuenta con el título habilitante para funcionar como un hotel-apartamento de cuatro estrellas y la licencia de apertura que le fue concedida en octubre del 2000 por el Ayuntamiento de Alcúdia solo le otorgaba licencia para hacerlos como escuela de vela y alojamientos para navegantes.
Tanto el GOB como la Plataforma Salvem el Moll interpusieron un recurso contra la Conselleria de Turisme y en julio de 2022 la el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dejó sin efecto la autorización concedida por el Govern.
Tanto la Abogacía de Baleares como la empresa Alcudiamar interpusieron sendos recursos de casación ante TSJIB y el Tribunal Supremo (TS), aunque ambos fueron inadmitidos a lo largo de 2023. Así, la sentencia del TSJIB devino firme y se ordenó a la Conselleria que paralizara y clausurara la actividad que la compañía había estado llevado a cabo sin tener los permisos pertinentes.
No obstante, ante la transferencia de determinadas en materia turística del Govern al Consell de Mallorca, el GOB presentó el año pasado los correspondientes escritos solicitando la ejecución de la sentencia por parte de la institución insular.
Fue entonces cuando el Consell -siempre según el GOB- presentó ante la Justicia un escrito asegurando que se había comenzado el expediente sancionador contra Alcudiamar y se había ordenado la paralización cautelar y la clausura del hotel-apartamento. El pasado febrero la empresa interpuso un nuevo recurso de reposición, que recibió su correspondiente respuesta el pasado 11 de marzo.
El tribunal, finalmente, ha dado al Consell el plazo de dos meses para finalizar el expediente sancionador y clausurar definitivamente la actividad turística del establecimiento. La Justicia indica que la finalización de ésta no implica que las instalaciones puedan ser empleadas para los usos para los que sí dispone de los permisos correspondientes.
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