La comparecencia ayer del presidente del Gobierno, José María
Aznar, ante el Congreso para explicar los resultados del Consejo
Europeo de Berlín abrió nuevamente el debate entre el Ejecutivo y
la oposición en lo que a los logros de financiación europea para el
próximo periodo 2000-2006.
Mientras que Aznar calificó de «globalmente equilibrado» el
acuerdo sobre el contenido de la Agenda 2000, la oposición le acusó
de «falsear la realidad», habiendo manipulado «las cifras y los
hechos». Entretanto, IU definió la Cumbre de Berlín como «la pelea
de los pobres por la calderilla», insistiendo en que el problema es
la moneda única, mientras que el PP y sus socios nacionalistas
valoraron positivamente el resultado financiero.
Aznar resaltó que España ha conseguido un saldo neto para el
próximo septenio que supera en un 10'7 por ciento al obtenido para
el periodo 1993-99, "8'3 billones de pesetas, a razón de 1'2
billones por año", ante un contexto de «peticiones generalizadas de
recortes presupuestarios».
Pero Borrell le acusó de utilizar «la burda trampa aritmética
que consiste en comparar la media del periodo anterior con lo que
se percibirá en el futuro».
Mientras que Aznar resaltó que España ha obtenido un saldo neto
positivo de unos 8'3 billones de pesetas, «una peseta más, por cada
diez pesetas actuales de saldo positivo», Borrell explicó que la
lectura dada por el Gobierno pone de manifiesto la «capacidad de
mixtificación» del Ejecutivo y supone un «insulto a la
inteligencia» de los ciudadanos cuando se les dice que «se está
subiendo cuando, en realidad, se está bajando», mediante lo que
calificó de una «campaña de propaganda».
Nuestro país, según explicó el presidente, recibirá 9'5 billones
de pesetas en fondos de cohesión y estructurales en el nuevo
septenio. Esta cantidad se incrementaría hasta los 59.000 millones
de tenerse en cuanta el desarrollo rural que, a diferencia de lo
ocurrido con anterioridad, aparece recogido en el marco financiero
en la rúbrica destinada al gasto agrícola. Esto supone un
incremento del gasto estructural de un 5'6 respecto a lo aprobado
en Edimburgo.
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