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El Gobierno no ha perdido tiempo para atajar el preocupante repunte de los precios. Sólo un día después de que se diera a conocer el negativo dato del IPC de marzo, el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer un conjunto de medidas para controlar la inflación, que tendrán un coste para el Estado de entre 4.00 y 5.000 millones. Las rebajas en las tarifas de la electricidad, el gas y el teléfono y las reformas estructurales y liberalizadoras que afectan a sectores estratégicos de la economía constituyen la clave del plan del Ejecutivo con el que confía en reducir el IPC entre 2 y 3 décimas y evitar así que España se distancie cada vez más de sus socios europeos.

El Gobierno aprobó una reducción de la tarifa eléctrica del 1'5%, que se suma a la rebaja del 2'5% aplicado desde enero, con lo que el descenso global se sitúa en el 4% en términos nominales, más los efectos de la inflación. En el ámbito del gas se rebajará entre un 2 y un 4% tanto el precio máximo de gas natural para uso industrial, como la tarifa de gas natural para usos domésticos y comerciales y el precio de la bombona de butano. En cuanto al teléfono, el Gobierno ha aprobado adelantar la reducción de algunos precios del servicio fijo prestado por Telefónica que estaban ya previstas. Así, las tarifas provinciales disminuirán un 10%; las interprovinciales, un 20%, y las internacionales, un 12%. Esta rebaja se realizará en dos fases: el 1 de julio deberá estar aplicada el 50% de la misma, y el 1 de diciembre, el total de la misma. Las llamadas locales permanecerán congeladas al menos este año. En cuanto a la reducción de precios de los servicios móviles. Las llamadas fijo-móvil se rebajarán entre un 5'76% y el 12'85%, dependiendo de la franja horaria, a partir del 1 de julio.

En el sector de la sanidad, se disminuye el margen de distribución de las especialidades farmacéuticas para los mayoristas hasta el 1'5%. Esta medida pretende reducir el precio de las medicinas fijando un menor margen de distribución para mayoristas.