La Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia indicios de falsedad en
las liquidaciones presupuestarias que firmó el presidente de la
Diputación de Guadalajara y senador del PP, Francisco Tomey, e
incluso considera «razonable (y defendible» el modo en que se
consignaron las cantidades en las cuentas de la Corporación, por lo
que ayer solicitó el archivo del llamado 'caso Tomey'.
El propio imputado mostró su satisfacción por la decisión tras
conocer la noticia, destacó haber creído siempre en la Justicia y
expresó su deseo de que quede claro que se actuó conforme a la Ley
y con la legalidad.
El informe pericial realizado por el director general de
Coordinación con las Haciendas Locales, y las declaraciones de
funcionarios que trabajaron a las órdenes del interventor de la
Diputación José Villalgordo, ya fallecido, sirvieron a la Fiscalía
para solicitar el archivo de las diligencias del «caso Tomey», al
que se acusa de un presunto delito continuado de falsedad en
documento. El fiscal fundamentó la denuncia presentada en su día
contra Tomey en que, en las liquidaciones de los Presupuestos de la
Diputación correspondientes al periodo 1990-95, se incluyeron como
créditos pendientes de cobro, esto es, a favor de la Corporación,
determinados conceptos por cuantías inexistentes, referentes a
aprovechamientos forestales, intereses bancarios y participación de
la Diputación en los tributos del Estado.
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