José María Aznar y Javier Arenas durante la reunión de la ejecutiva del PP en la que se aprobó el programa de las elecciones europeas de junio.

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El PP no aceptará el modelo de financiación basado en las balanzas fiscales que propone el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, porque supone sólo tener en cuenta el principio territorial, y no otros como el de solidaridad. Así lo advirtió tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de esta formación política el portavoz del partido, Rafael Hernando, quien instó a CiU a «modificar y cambiar» esos planteamientos.

Sin embargo, uno de los puntos propuestos por el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, ha sido recogido en un decálogo sobre la financiación autonómica aprobado por la ejecutiva del PP, donde se contemplan, además, todos los postulados sobre revisión del sistema, solidaridad y cooperación, en lugar de la reclamación «permanente».

Así, el punto séptimo recoge, entre las alternativas a considerar para que las autonomías consigan mayores dosis de corresponsabilidad fiscal, la cesión «parcial» de los impuestos indirectos "tabacos, hidrocarburos, matriculación de vehículos o el IVA", «ya que además de su fácil territorialización, aportarían dinamismo y variedad a los recursos financieros de las comunidades autónomas».

El modelo de financiación propuesto por el presidente valenciano proponía, precisamente, que las comunidades, al margen de recaudar y gestionar parte del IRPF, compartieran con el Estado los ingresos de las tasas por matriculación de vehículos, hidrocarburos, el que se impone a las labores del tabaco y el IVA.

En el decálogo popular se precisa, no obstante, que el compromiso de las comunidades autónomas desde 1996 es estudiar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera esta posibilidad para el año 2001.

El decálogo aprobado por la ejecutiva del PP analiza además el modelo aprobado en 1996, del que se destaca que mejora y garantiza de forma «efectiva» los principios constitucionales de «suficiencia, autonomía financiera y solidaridad», al introducir además el principio de corresponsabilidad fiscal, lo que aporta «un mayor volumen de recursos a las autonomías».