El Gobierno tiene previsto ofrecer bonificaciones a partir del
próximo año a los empresarios que contraten a trabajadores de edad
avanzada o que los mantengan en sus puestos incluso después de
cumplir la edad de la jubilación. Esta cuestión será incluida por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre las propuestas
que presentará a los sindicatos para fomentar la estabilidad en el
empleo de cara a los Presupuestos Generales del año 2000, según
indicó el secretario general de Empleo, Juan Chozas, que continúa
así con el debate abierto por el ministro del ramo, Manuel
Pimentel, sobre el abuso que algunas empresas hacen de las
prejubilaciones.
El Departamento que dirige Pimentel pretende, con esta medida,
incluir a las personas de mayor edad dentro de los colectivos de
trabajadores cuya contratación está incentivada desde 1997 con
rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social, ya que hasta el
momento, este tipo de ayudas estaban destinadas a la contratación
estable inicial o conversión de temporales en indefinidos.
Las intenciones del Gobierno son, según explicó Chozas, «abrir y
mantener un debate social», en lugar de solucionar este problema «a
golpe de decreto ley», ya que, a su juicio, los empresarios deben
concienciarse de que «una política inadecuada en este terreno se
volverá en su contra». Para ello, Juan Chozas recordó que el
Ejecutivo ha pedido al Consejo Económico y Social (CES) la
elaboración de un 'Código de Conducta' destinado a empresarios y
sindicatos, a imagen del ya existente en el Reino Unido y que
servirá como guía en la elaboración de ajustes de plantilla.
Precisamente el fomento del empleo de las personas de mayor edad
y el cómo alargar la vida profesional de los trabajadores europeos
será uno de los temas que tratará mañana el Consejo de Ministros de
Trabajo que se reunirá en la ciudad finlandesa de Oulu, cerca de
Helsinki.
Esta cuestión será una de las novedades que los responsables de
Trabajo de los países comunitarios introducirán en sus planes de
empleo futuros, junto con un intento por hacer más efectivos los
servicios públicos de empleo y la incorporación al diálogo social
de otros interlocutores que no sean sólo sindicatos y empresarios,
sino que se tenga en cuenta también a ONG's y organizaciones
regionales y municipales que, tal como apuntó Chozas, «cada vez
tienen más peso en la creación de empleo».
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