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La polémica que mantienen la Fiscalía y el juez Garzón sobre el «caso Pinochet» se ha vuelto a abrir. La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudiaba ayer presentar un recurso contra el escrito enviado al Gobierno por el juez en el que le instaba a aclarar si Chile le ha solicitado llevar a cabo un arbitraje amistosos para solucionar el caso y en el que advertía al Ejecutivo que una decisión así, supondría una injerencia en el Poder Judicial.

Mientras, el Ministerio de Exteriores desmintió ayer, mediante un comunicado, «formal y enérgicamente la existencia de contactos o negociaciones de tipo secreto entre los Gobiernos de España y Chile respecto a un eventual arbitraje u otra cuestión sobre el proceso de extradición» del dictador».

Respecto al escrito remitido por Garzón, el Ministerio señala que «los únicos documentos remitidos a las autoridades chilenas, atendiendo a la petición formal de dichas autoridades, son aquellos que, a juicio de los asesores jurídicos del Estado, podían ser entregados» y añade que estas declaraciones se efectúan «sin perjuicio de la respuesta formal que se haga en su momento a los escritos» del juez.

Los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores han comenzado ya a preparar la respuesta a la petición de información que el juez Garzón solicitó la víspera en un escrito que ya ha recibido el Ministerio. Las mismas fuentes especificaron que en los escritos recibidos «Garzón no acusa de nada. Sólo pide una serie de informaciones, siguiendo un procedimiento normal de intercambio entre las instancias jurídicas y gubernamentales».

El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, consideró por su parte que el juez Garzón «exagera» al plantear que el «caso Pinochet» se ha apartado del camino jurídico y aseguró que el magistrado no puede juzgar al general por los delitos de genocidio y terrorismo.

El canciller chileno se mostró sorprendido de que el juez insista en juzgar al ex dictador chileno por estos delitos e insistió en que un juicio bajo estas acusaciones sólo se puede entablar en Chile.

Valdés también negó que se haya producido un intercambio de documentos reservados y negociaciones secretas con su homólogo español, Abel Matutes, en relación con el arbitraje sobre el caso Pinochet solicitado por el Gobierno chileno en el marco de la Convención contra al Tortura que ambos países suscribieron.