La polémica que mantienen la Fiscalía y el juez Garzón sobre el
«caso Pinochet» se ha vuelto a abrir. La Fiscalía de la Audiencia
Nacional estudiaba ayer presentar un recurso contra el escrito
enviado al Gobierno por el juez en el que le instaba a aclarar si
Chile le ha solicitado llevar a cabo un arbitraje amistosos para
solucionar el caso y en el que advertía al Ejecutivo que una
decisión así, supondría una injerencia en el Poder Judicial.
Mientras, el Ministerio de Exteriores desmintió ayer, mediante
un comunicado, «formal y enérgicamente la existencia de contactos o
negociaciones de tipo secreto entre los Gobiernos de España y Chile
respecto a un eventual arbitraje u otra cuestión sobre el proceso
de extradición» del dictador».
Respecto al escrito remitido por Garzón, el Ministerio señala
que «los únicos documentos remitidos a las autoridades chilenas,
atendiendo a la petición formal de dichas autoridades, son aquellos
que, a juicio de los asesores jurídicos del Estado, podían ser
entregados» y añade que estas declaraciones se efectúan «sin
perjuicio de la respuesta formal que se haga en su momento a los
escritos» del juez.
Los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores han
comenzado ya a preparar la respuesta a la petición de información
que el juez Garzón solicitó la víspera en un escrito que ya ha
recibido el Ministerio. Las mismas fuentes especificaron que en los
escritos recibidos «Garzón no acusa de nada. Sólo pide una serie de
informaciones, siguiendo un procedimiento normal de intercambio
entre las instancias jurídicas y gubernamentales».
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel
Valdés, consideró por su parte que el juez Garzón «exagera» al
plantear que el «caso Pinochet» se ha apartado del camino jurídico
y aseguró que el magistrado no puede juzgar al general por los
delitos de genocidio y terrorismo.
El canciller chileno se mostró sorprendido de que el juez
insista en juzgar al ex dictador chileno por estos delitos e
insistió en que un juicio bajo estas acusaciones sólo se puede
entablar en Chile.
Valdés también negó que se haya producido un intercambio de
documentos reservados y negociaciones secretas con su homólogo
español, Abel Matutes, en relación con el arbitraje sobre el caso
Pinochet solicitado por el Gobierno chileno en el marco de la
Convención contra al Tortura que ambos países suscribieron.
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