El Grupo Independiente Liberal (GIL) de Melilla anunció ayer que
presentará una demanda por un presunto delito de prevaricación
contra los vocales no judiciales, representantes del PP y PSOE, de
la Junta Electoral de Zona porque «las mismas personas no pueden
adoptar una decisión y doce horas después adoptar la contraria». En
opinión del Grupo Socialista, la citada querella «no va a ningún
sitio» ya que la acusación de prevaricación no es aplicable a los
partidos políticos, sino a las instituciones.
Este anuncio se produjo poco después de que el presidente de
Melilla, Mustafá Aberchán, y la formación Coalición Por Melilla
(CPM) cumplieran su amenaza de presentar sendos recursos ante la
Junta Electoral de la Zona contra la resolución de entregar las
credenciales de diputados a los números 3 y 4 de la lista del PSOE
por Melilla, Javier de Pro y Rafael Hernández.
En este sentido, el secretario de Política Municipal del CPM,
Benaissa Hamed, denunció el «grave atentado contra el Estado de
Derecho» que entiende se produjo con las dos reuniones de la Junta
Electoral de Zona y el hecho de que los dos vocales no judiciales
firmasen los dos acuerdos contradictorios en un breve intervalo de
tiempo, por lo que «posiblemente hayan incurrido en un delito de
prevaricación».
Asimismo, el portavoz del GIL y consejero de Cultura de Melilla,
José María Benítez Melul, aseguró que de forma paralela a la
demanda por prevaricación, su partido solicitará, como medida
cautelar inmediata ante el Juzgado de los Penal, la suspensión del
acuerdo que concede las credenciales de diputados a los socialistas
De Pro y Hernández «por los daños y perjuicios que nos puedan
ocasionar».
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