Pinochet, junto a Thatcher, en una de sus últimas apariciones públicas.

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La Fiscalía General de la Corona admitió que si no prospera la extradición de Pinochet a España, Londres tendrá la obligación legal de investigar las denuncias, según reveló ayer el dominical londinense «The Sunday Telegraph». El artículo del rotativo, publicado en portada, ha sorprendido al mundo político británico cuando falta poco más de un mes para el comienzo del proceso de extradición.

En caso de que dicho proceso no prospere, la fiscalía puede pedir al ministro británico del Interior, que ponga en marcha una investigación sobre casos de torturas, denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

«La obligación es extraditar o procesar. Si España retira su solicitud de extradición, el ministro del Interior se verá obligado a referir el caso a Scotland Yard para su investigación», según una fuente de la Fiscalía británica. No obstante, un portavoz recalcó que de momento todo es hipotético ya que se trabaja pensando en el 27 de septiembre, fecha establecida para el comienzo del proceso de extradición.

Esta información sale a la luz mientras el titular chileno de Asuntos Exteriores, Gabriel Valdés, prosigue sus esfuerzos para llegar a un acuerdo extrajudicial con España que ponga fin al proceso.

La Fiscalía del Reino Unido «ha dado una lección a España» al anunciar que si se retira la petición de extradición de Pinochet, éste será juzgado en Londres, dijo el portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz. «El problema es que el Gobierno español intenta dar un pucherazo jurídico sin ver que estamos en un Estado de derecho y sin advertir que el tema Pinochet es una cuestión supersensible».

La Unión Progresista de Fiscales, considera que España no debe retirar «en ningún caso» la petición de extradición de Pinochet, porque «no pueden quedar impunes los gravísimos delitos» de los que le acusa Garzón.

Desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que «el Gobierno no puede esconder su responsabilidad ante las actuaciones» del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, y del fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en el «caso Pinochet».