El Ministerio de Exteriores admite que es «materialmente posible»
que el Gobierno solicite al Tribunal Supremo un dictamen pero añade
que carece de viabilidad porque no es competente, así como tampoco
cabe solicitarselo al Tribunal Constitucional.
Estas son parte de las conclusiones que se recogen en cinco
informes remitidos por el Gobierno español al chileno respecto a la
causa que se sigue en España contra Pinochet y que habían sido
solicitados por PSOE y CiU.
Además de la documentación interna del Gobierno, Exteriores
entregó a Chile el informe del fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Eduardo Fungairiño, en el que se oponía a la extradición
de Pinochet por entender que éste gozaba de la condición de senador
vitalicio y al considerar, entre otras razones, que los delitos que
se le imputaban constituyen asesinatos o secuestros, pero no
genocidio, y que, al haber sido cometidos fuera del territorio
nacional, no pueden ser perseguidos por España.
Entre la documentación enviada, Exteriores señala que el
hipotético arbitraje no podría imponerse «ni por un órgano
jurisdiccional superior jerárquico, ni por el órgano de gobierno
del Poder Judicial, ni menos aún por otro poder del Estado
(Ejecutivo o Legislativo)». En este sentido, añade que las
resoluciones dictadas por Garzón sólo podrán modificarse en virtud
de recurso, que sólo podrá ser interpuesto por alguna de las partes
personadas en la causa, y en tanto en cuanto no hayan ganado
firmeza.
Por otra parte, Exteriores también reconoce que es
«materialmente posible» que el Gobierno solicite al Supremo un
dictamen, pero admite que el mismo carecería de toda viabilidad
porque este órgano carece de título competencial para su
emisión.
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