El Gobierno expresó ayer su «máximo respeto» al fallo británico
favorable a la extradición de Pinochet a España, afirmó que seguirá
colaborando con la Justicia y reclamó un «esfuerzo» de «todos» para
que este caso no perturbe las relaciones de «amistad profunda y
solidaridad mutua» entre España y Chile.
Tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Josep
Piqué, consideró además «lamentables» y «absolutamente extremosas»
las críticas contra España lanzadas por la ex primera ministra
británica, Margaret Thatcher, y reprochó al juez Garzón que no
utilizara los conductos diplomáticos oficiales para solicitar la
apelación ante un eventual fallo favorable a Pinochet. El ministro
portavoz expresó su esperanza en que la decisión del juez Ronald
Bartle no desencadene sanciones del Gobierno chileno contra las
inversiones españoles en Chile, porque, según subrayó, «ligar una
cosa con otra no tiene ningún sentido».
El PSOE manifestó su «alegría» por la decisión de dar 'luz
verde' a la extradición a España del ex dictador chileno Augusto
Pinochet, pero constató que la noticia, que alegra «a todos los
demócratas del mundo», entristece a los fiscales de la Audiencia
Nacional, al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al
Gobierno de María Aznar. El secretario de Cultura del PSOE, Joaquín
Leguina, que fue asesor del presidente Salvador Allende en vísperas
del golpe de Pinochet, manifestó la solidaridad de su partido con
las víctimas y familiares de la dictadura, agradeciendo
especialmente al fiscal británico que ha representado a España su
«valor excelente».
Por contra, Leguina constató que al Ejecutivo español le tocará
«vestirse de cordero». «El Gobierno ha estado intentando con todos
los medios a su alcance paralizar el procedimiento, ha intentado
engañar a todo el mundo y ha quedado en evidencia», dijo.
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