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Conservador como sin duda es, al juez Roland Bartle le colgaron el sambenito de que no sería imparcial. Ayer emitió su fallo asegurando haberse basado «en la ley y sólo en la ley». Bartle fue candidato del partido Conservador a la Cámara de los Comunes. Sigue siendo miembro de una sociedad «patriótica» cuya vicepresidenta es nada menos que Margaret Thatcher, por cierto la voz que más alto ha sonado en favor del general Pinochet. Nada más tomar la palabra en el tribunal, Bartle se refirió a «las emociones, pasiones en realidad», que ha despertado el caso Pinochet. Y luego empezó a hacer, con precisión de avezado jurista, una serie de consideraciones preliminares. Como era de esperar, el magistrado recurrió mucho al dictamen de la Cámara de los Lores, que el pasado 24 de marzo acotó el proceso: el general sólo podría ser acusado de presuntos delitos de tortura y conspiración para la tortura a partir del 8 de diciembre de 1988.

Roland Bartle citó a lord Browne-Wilkinson para recordar que a la Justicia británica no le correspondía ni tomar parte en el caso ni pedir pruebas: únicamente atenerse a la legislación de este país en materia de extradiciones.

Y fue en este punto cuando el juez lamentó «uno o dos artículos absurdos que han aparecido en la prensa mencionado la posibilidad de que exista (en este tribunal) algún tipo de prejuicio». A renglón seguido prometió: «Mi decisión estará basada en la ley y sólo en la ley... y si mi interpretación de la ley no es correcta, un tribunal superior la corregirá». Enseguida se refirió a la naturaleza del proceso para sostener que la demanda de España se hizo al amparo de la Convención Europea de Extradición y para recordar que «tanto España como el Reino Unido son signatarios de esa Convención».

«Este proceso "dijo en otro momento" no es para decidir la culpabilidad o la inocencia del senador Pinochet... El propósito de esta vista es permitirme a mi, como magistrado que la preside, decidir si se dan o no las condiciones» para la extradición.

Volvió a insistir el juez: «Será en un tribunal español "si el caso llega tan lejos" donde se habrán de presentar las pruebas pertinentes. Y es ahí donde el senador Pinochet debería preparar su defensa». Ya en el capítulo de las decisiones, el magistrado dio por bueno el supuesto de la «doble criminalidad» en el caso Pinochet; esto es, que los delitos cometidos en Chile lo son también en España.

El togado recordó que la Audiencia Nacional española ha dictaminado «en dos ocasiones» que la conducta del acusado está sujeta a extradición. Y dijo entonces, en el mejor estilo inglés: «¿Puedo yo, un magistrado sin particular conocimiento o, sinceramente, sin conocimiento alguno de la ley española, discutir los dictámenes de los jueces de los tribunales superiores españoles en lo tocante a la ley de su propio país?» «Creo que no», se contestó.