El juez Ronald Bartle falló ayer a favor de la extradición del ex
dictador Augusto Pinochet a España por los 35 casos de tortura y
uno de conspiración para la tortura que presentó la Fiscalía.
Además, el magistrado señaló que hay que tener en cuenta las
torturas psicológicas que han sufrido los familiares de los
desaparecidos. El propio Pinochet, en una declaración leída en el
tribunal, aseguró que España «no ha proporcionado una sola prueba
que muestre» su culpabilidad y señaló que la sentencia está
«motivada políticamente».
«Se reúnen todas las condiciones para no dejarme otra opción que
poner el caso del senador Pinochet a disposición del ministro de
Interior que deberá decidir», aseguró el juez Bartle en su
sentencia. Además, explicó que hay que tener en cuenta las torturas
psicológicas que han sufrido los familiares de los desaparecidos
durante el régimen militar. «Respecto a las desapariciones, el
efecto en las familias pueden constituir una tortura mental»,
aseguró.
«De acuerdo con la información que tengo en relación a las
alegaciones de después de diciembre del 88 "fecha en la que
Pinochet pierde su inmunidad, según los Lores" constituyen unos
actos de tortura y conspiración para la tortura por los cuales el
senador Pinochet no goza de inmunidad», subrayó el magistrado y
destacó que la Convención Internacional contra la Tortura adoptada
por el Reino Unido en 1988 era «universal».
Por su parte, la defensa de Pinochet, encabezada por el letrado
Clive Nicholls, leyó una declaración de su defendido en la que
aseguró que «es una violación de la soberanía chilena. Los
acontecimientos de Chile no tiene nada que ver con España». «Desde
hace tiempo está claro que mi extradición está motivada
políticamente y que es claramente buscada por motivos políticos»,
añadió el ex dictador quien conoció su sentencia en su residencia
de Surrey "donde se encuentra retenido desde el 16 de octubre de
1998" tras la decisión del juez Bartle de autorizarle a no asistir
al tribunal por su estado de salud, donde se encuentra
retenido.
En opinión de Pinochet, España «no sólo no ha proporcionado una
sola prueba que muestre» su culpabilidad, sino que «no ha
investigado correctamente los crímenes» que se le imputan.
La defensa de Pinochet aún no ha decidido si recurrirá la
decisión ante el Alto Tribunal de Justicia. El abogado Clive
Nicholls ya había anunciado el pasado día 29, durante el juicio de
extradición, que emplearía el argumento de la persecución política
en su apelación. Así, Pinochet puede presentar un recurso de
'habeas corpus', en los 15 días siguientes al fallo, para que el
Alto Tribunal resuelva el recurso y disponga sobre la libertad del
ex dictador. Durante el periodo en que se resuelva la apelación, el
senador vitalicio no podrá abandonar el Reino Unido y tampoco podrá
ser extraditado.
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