La Fiscalía recurre el auto de procesamiento de Garzón contra 98 militares argentinos

El recurso afirma, tal y como ocurrió en el 'caso Pinochet' que la jurisdicción española no es competente para juzgar los delitos de genocidio, terrorismo y tortura que se imputan a los 98 procesados, por hechos ocurridos en Argentina entre 1976 y 1983, a pesar de lo dicho por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que declaró la competencia española.

En la línea de respetar la ley de 'punto final', en la que se estableció la impunidad, coincidió el ministro Abel Matutes, quien aseguró que al mismo tiempo que se debe respetar y solidarizarse con las víctimas de la dictadura argentina, se debe mostrar respeto «con las decisiones que las autoridades democráticas argentinas respaldadas por el pueblo tomaron en su día».

El ministro confió, además, en que, según una práctica de derecho internacional, no se produzca la demanda de extradición al Gobierno argentino de los militares procesados, mostró su respeto a la decisiones judiciales y consideró que en un futuro la cuestión pueda afectar a las relaciones exteriores españolas.

Destacó que la orden dictada por Garzón, una orden «exclusivamente» judicial, «no implica que tenga que traducirse en una demanda de extradición», y manifestó su fe «en el buen sentido de nuestros magistrados, existiendo como existe el principio de que ningún país extradita a sus nacionales, porque se parte de la base de que si hubiera algo por lo que juzgarles se les juzgaría en su propio país». El fiscal considera que el asunto de la jurisdicción «debe ser examinado por tribunales superiores, por cuanto dichas cuestiones jurídicas no están resueltas pacíficamente ni por la jurisprudencia ni por la doctrina científica».